La crisis cuadruplica el número de empresas en suspensión de pagos

En el juzgado de lo Mercantil de Málaga, los pictogramas del cuarto de baño que representan al hombre y la mujer están colocados cabeza abajo. "No es un descuido, los puse así porque aquí vamos todos de cráneo", sonríe Enrique Sanjuán, el magistrado titular. Sólo con un sentido del humor a prueba de bombas se puede dirigir el juzgado mercantil más colapsado de España sin caer en la desesperación. Montañas de expedientes de empresas en quiebra atestan las baldas del juzgado y se distribuyen por mesas y sillas, dando una imagen de la crisis económica que atraviesa Málaga. El número de desempleados en la provincia ha crecido un 35,9% en un año, hasta las 115.895 personas. "Y cada día nos llega un carro más de asuntos", advierte el magistrado.

El juez: "Se somete a 'mobbing' a los funcionarios con la carga de trabajo"

El panorama puede agravarse ante el "paro absoluto" del sector del ladrillo

Entre el 1 de enero y el 24 de septiembre de este año, se han presentado en este juzgado 150 concursos voluntarios de acreedores, lo que antiguamente se denominaban suspensiones de pagos. Esta cifra es casi cinco veces más que la registrada en el mismo periodo del año 2007, según las estadísticas que maneja Sanjuán. La crisis, especialmente en el sector de la construcción, ha disparado los concursos de acreedores en toda Andalucía, que han pasado de 67 a 257, casi cuatro veces más que el año pasado.

"Nos sentimos como si tratáramos de beber agua de la manguera de un bombero", afirma Sanjuán, perteneciente a la primera promoción de jueces especializados en derecho mercantil. Además de los 150 procesos concursales, en el juzgado de lo Mercantil 1 (y único) de Málaga se han presentado este año 328 procedimientos por otras materias, como demandas civiles de competencia desleal, transporte, condiciones de contratos o arbitraje.

Este volumen de entradas duplica a Sevilla y triplica a Cádiz, las provincias con mayor litigiosidad. "Málaga es la provincia que más empresas crea y destruye. Sin embargo, mientras los juzgados de Cádiz y Sevilla tienen nueve funcionarios, nosotros sólo tenemos siete, y dos de ellos son de apoyo", se queja el magistrado. Sanjuán considera "urgente" la creación de uno o dos juzgados mercantiles en la provincia para paliar el "colapso abismal" de su sede. Hasta el 24 de septiembre han entrado en el juzgado 6.463 escritos, frente a los 3.963 del mismo periodo de 2007. "Estamos sometiendo a los funcionarios a un auténtico mobbing", afirma.

Sanjuán se ha reunido en busca de ayuda con la nueva delegada de Justicia en Málaga, Blanca Sillero, y con el delegado de Economía, Enrique Benítez. "Soportamos la carga de cinco juzgados en uno solo y eso afecta actualmente a 195 empresas vivas, inmersas en concursos. El buen funcionamiento del juzgado afecta directamente a la economía. Un concurso debería tramitarse completamente en unos dos años y con este colapso tardamos de tres a cinco, y subiendo", asegura.

De momento, el magistrado sólo ha recibido buenas palabras: "La única explicación que me dan para no reforzar el juzgado es que no hay dinero". En los próximos días, los jueces mercantiles de Málaga, Sevilla y Cádiz, tienen previsto emitir un comunicado para protestar por la falta de recursos de sus juzgados. El Colegio de Abogados de Málaga y el PP también han reclamado la apertura de dos nuevas sedes.

Aproximadamente el 50% de los concursos que empantanan el juzgado mercantil malagueño pertenecen a empresas dedicadas a la construcción y sus derivados. Normalmente predominan las pequeñas y medianas empresas, con una media de cuarenta empleados y un pasivo declarado de entre cinco y 40 millones de euros.

La situación previsiblemente se agravará en los próximos meses. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, José Prado, auguró un "parón generalizado" a partir de noviembre. El mismo diagnóstico de "paro absoluto" en el sector del ladrillo hace el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, Jerónimo Pérez Casero.

El proceso concursal es un procedimiento enormemente complejo que incluye, entre otras, nombrar un administrador judicial, tramitar las acciones civiles que se tomen contra el patrimonio del concursado, gestionar los contratos de trabajo de la empresa, la ejecución de sentencias y las medidas cautelares que afecten al patrimonio de la empresa en suspensión de pagos. El tiempo transcurrido entre la presentación del concurso de acreedores por parte de la empresa debido a falta de liquidez o solvencia y su declaración por el juez es vital. "La ley dice que debemos declararla en el mismo día o al siguiente, y eso es imposible dada la carga de trabajo", afirma Sanjuán, que ha escrito artículos sobre la organización de la oficina judicial mercantil, que data de 1870, y que ahora se encuentra enfrascado en redactar un libro técnico sobre los concursos en promotoras y constructoras.

Además de complicado, acogerse a la ley concursal es bastante caro. "La publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado y en un diario de tirada nacional cuesta unos 4.000 euros, que pueden elevarse a 9.000 en el caso de las anotaciones en el Registro Mercantil, en el caso de las empresas de mayor tamaño", calcula el magistrado, que prevé tener ocupados todos los fines de semana hasta diciembre.

A pesar de lo costoso que resulta, 16 familias malagueñas se han acogido a la ley concursal y se han declarado en suspensión de pago de sus deudas. El hecho de que personas físicas recurrieran a esta medida era algo anecdótico hasta ahora -en 2007 sólo lo pidieron dos familias-, pero las peticiones se han disparado. El proceso concursal se cierra bien cuando la persona física o jurídica que lo presenta logra un acuerdo para el pago de la deuda, mediante un convenio que fija cantidades y plazos, o bien mediante la liquidación de los activos y su reparto entre los acreedores.