La UE crea la tarjeta azul para captar inmigrantes cualificados

Europa compite con EE UU por los mejores profesionales

Los ministros de Trabajo e Interior de la Unión Europea ultimaron ayer un acuerdo para crear la tarjeta azul, un instrumento que pretende atraer inmigrantes altamente cualificados profesionalmente. El objetivo es hacer más atractivo el mercado laboral europeo ampliando y reforzando los derechos de los trabajadores especializados procedentes de terceros países.

Aunque el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, aseguró que "la tarjeta azul no es la tarjeta verde de Estados Unidos", lo cierto es que la propuesta europea es una respuesta a la iniciativa del otro lado del Atlántico para captar a los mejores profesionales de todo el mundo.

Los contratos en España deberán superar los 33.000 euros brutos al año

La contratación de inmigrantes continuará siendo una competencia de cada Estado miembro en función de las necesidades y acuerdos con terceros países, como recordó ayer el ministro de Interior de Alemania, Wolfgang Schäuble. Sin embargo, con la tarjeta azul se refuerzan y amplían los derechos de los extranjeros cualificados con el objetivo de competir con la oferta estadounidense. Así, a los trabajadores que hayan cumplido 18 meses de residencia en un país se les permitirá trabajar en otros países de la Unión, con la única limitación administrativa de que no se rebasen las cuotas establecidas por cada Estado. Entre la ampliación de derechos, destaca la posibilidad de que estos inmigrantes escogidos tengan derecho a la reunificación de su familia y que sus miembros tengan también acceso al mercado de trabajo.

Los requisitos para la obtención de la tarjeta azul suponen que los inmigrantes tengan "una alta cualificación profesional", lo que podrán probar con cinco años de experiencia profesional. La exigencia de alta educación requiere un diploma o un título equivalente que implique al menos tres años de estudios posteriores a la educación secundaria.

Además, se establece que para acceder a la tarjeta azul, los trabajadores deberán ser contratados con un salario que como mínimo supere 1,5 veces el salario medio del país receptor. En el caso de España el salario medio es de 22.000 euros brutos anuales, lo cual significa que los contratos deberán superar los 33.000 euros brutos anuales. En cualquier caso, los salarios deberán respetar la legislación laboral y los convenios colectivos.

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En los sectores que estén necesitados de mano de obra, la contratación se podrá realizar con salarios que superen 1,2 veces el salario mínimo. La tarjeta azul será válida por un periodo de entre uno y cuatro años. Los titulares de la tarjeta azul tendrán prácticamente los mismos derechos laborales que los trabajadores nacionales.

Hortefeux aseguró que la tarjeta azul no persigue "el saqueo de cerebros" de otros países. En este sentido, el ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho, aseguró que en la nueva directiva se habían introducido varias propuestas españolas con el objetivo de evitar la fuga de cerebros de los países en desarrollo. Corbacho afirmó que "los Estados miembros deben abstenerse de efectuar la contratación activa en países en vías de desarrollo y en los sectores que puedan ser deficitarios, como por ejemplo, el de la salud". "Si un país tiene carencia de médicos, no tiene lógica que contratemos médicos de ese país", puntualizó. El ministro destacó que, aunque el desempleo siga en aumento, la UE seguirá "teniendo necesidad de trabajadores inmigrantes con especialización".

La República Checa pidió que la directiva no entre en vigor hasta mayo de 2011 para asegurarse que sus ciudadanos país se beneficien del actual trato preferencial.

Los ministros B. Hortefeux (izquierda) y W. Schaüble, en Bruselas.
Los ministros B. Hortefeux (izquierda) y W. Schaüble, en Bruselas.EFE

Pacto para los 'sin papeles'

Una de las iniciativas estrella de la presidencia francesa, el llamado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, quedó ayer listo para ser aprobado formalmente por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de los próximos 15 y 16 de octubre.

El pacto es un acuerdo de principios que toma como referencia la política sobre inmigración desarrollada por Nicolas Sarkozy en Francia para establecer un marco europeo. El documento inicial ha sufrido importantes modificaciones sobre todo debido a la inclusión de varias propuestas del Gobierno español.

El texto final desarrolla cinco criterios como ejes de la política sobre inmigración de la Unión: organización de la inmigración legal teniendo en cuenta las prioridades, necesidades y capacidad de acogida de cada Estado; combatir la inmigración irregular, garantizando el retorno al país de origen de los extranjeros en situación irregular, que según el cálculo de la Comisión ascienden a ocho millones de personas; fortalecer la eficacia de los controles en las fronteras; construir una Europa del asilo, y crear una colaboración global con los países de origen y tránsito que favorezca las sinergias entre migración y desarrollo.

El texto final establece que las regularizaciones deben ser "caso por caso, y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales, por motivos humanitarios y económicos".

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