Dinero y votos

La áspera disputa con el Gobierno sobre la financiación de la Generalitat se lleva a cabo con las enseñanzas adquiridas en la todavía reciente negociación del nuevo Estatuto de Autonomía, de la que en realidad son continuación. Quien parece más decidido a sacar provecho de aquella experiencia es el PSOE.

El socialismo español atribuyó la mediocridad de sus resultados electorales de marzo de 2008, salvo en Cataluña y Euskadi, al éxito de la feroz campaña lanzada por el PP a lo largo y ancho de toda España contra el Estatuto catalán. Fue una campaña contra el proyecto de Estatuto, pero sobre todo contra lo que el PP definía como complicidad, cesiones, debilidad, renuncias del Gobierno de España ante el catalanismo, tanto da que se encarnara en el tripartito de izquierdas presidido por Pasqual Maragall.

El PSOE intenta recuperar los electores que el PP le arañó con la campaña contra el Estatuto catalán

Sacada esta conclusión poselectoral, el PSOE y su Gobierno han encarado esta segunda parte de la negociación estatutaria como una oportunidad para recuperar lo perdido en la primera ante los segmentos de población y los territorios que en la pasada legislatura fueron sensibles a la campaña del PP.

De ahí viene que el vicepresidente Pedro Solbes haya puesto tanto énfasis al rechazar una y otra vez, sin contemplaciones y con la máxima publicidad posible, "el modelo catalán", las "exigencias" de la Generalitat. Ha partido de la premisa de que la propuesta catalana era mala para España y se ha esforzado en proclamar que, frente a ella, el Gobierno socialista está presto a defender los intereses generales.

En esto ha consistido, en realidad, el primer round de la negociación. Lo más probable es que esta actitud se mantenga, dure lo que dure el proceso. Hasta ahora se ha discutido poco, por no decir nada, sobre los detalles de cómo reformar la financiación de la Generalitat. Ha habido dos años para prepararla, según el plazo fijado en el Estatuto, y no cabe duda de que era tiempo suficiente para resolver el problema, o dejarlo a punto para las decisiones políticas, si el Gobierno de Rodríguez Zapatero así lo hubiera querido.

Pero no ha sido el caso. Recuérdese: Zapatero abordó inicialmente las reformas estatutarias, y en particular la de Cataluña, como una aplicación de la concepción plurinacional de España. Tuvo que ir replegándose a medida que el proceso avanzaba, cundía la campaña del PP presentándose a sí mismo como único valladar "nacional" ante las insaciables exigencias de los catalanes, y en el interior del PSOE se levantaba una amenazadora fronda, de la que emergieron incluso las inquietantes advertencias de Felipe González y Alfonso Guerra.

Para rehacerse del desgaste sufrido a costa de Cataluña en la segunda mitad de la legislatura anterior, el PSOE tiene ahora una nada desdeñable circunstancia a su favor. Agazapados detrás de José Montilla están en este lance Esperanza Aguirre y Francisco Camps, porque los problemas de financiación de los gobiernos regionales de Madrid y Valencia son iguales o muy parecidos a los de Cataluña. Tarde, temprano o al mismo tiempo, lo que se haga para reformar la financiación de la Generalitat será aplicado en otras comunidades. Esto significa, por lo tanto, que el PP no podrá lanzarse a una campaña contra las demandas de Cataluña como la que en 2005 le permitió poner a costa del Estatuto la guinda "nacional" a la estrategia de la crispación que a punto estuvo de retornarle al Gobierno en las elecciones legislativas.

Por lo que se ha visto desde entonces, a la cúpula del PSOE no le tranquiliza en absoluto forjar sus victorias electorales en Cataluña. Cree que lo que le permite ganar en Cataluña le hace perder terreno en Castilla, Andalucía, etcétera. Y ahora quiere, necesita, recuperar espacio en la España interior, en la que el PP ha reavivado, y de qué manera, la idea de la Cataluña rica e insolidaria propia del nacionalismo españolista.

Además de una discusión sobre dinero, que por su propia naturaleza será siempre dura, de eso trata también el debate sobre la financiación de la Generalitat.