La ley Municipal camina al dique seco
La Comisión Arbitral retrasa hasta mediados de octubre su decisión sobre los recursos forales - Apenas resta tiempo en la legislatura para aprobarla
El proyecto de ley Municipal va camino de quedarse en el cajón hasta la próxima legislatura. La Comisión Arbitral, el órgano encargado de resolver los conflictos entre las diferentes administraciones de la comunidad autónoma para evitar su judicialización, optó en su reunión de ayer por postergar su decisión sobre los recursos planteados por las diputaciones de Álava y Vizcaya hasta el próximo 14 de octubre. En la práctica, este aplazamiento vuelve casi imposible que el proyecto pueda salir adelante en lo que queda de legislatura, a la que apenas le restan tres meses hábiles. Y ello teniendo en cuenta que en esa reunión, la Comisión le dé la razón al Gobierno y desestime los recursos forales.
Los juristas dicen que se trata de un debate complicado, que requiere tiempo
Las diputaciones se quejan de que el texto supone una invasión de las competencias forales, especialmente en materia de financiación de los ayuntamientos. Ambas sostienen que el proyecto altera el sistema de financiación al dar cabida en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) a los ayuntamientos a la hora de determinar el reparto de algunos tributos. Mientras, el Gobierno replica que sólo atribuye al Consejo la fijación de un nivel mínimo de participación, sin desvirtuar con ello "la determinación efectiva de la financiación local en cada territorio".
Tras la reunión de ayer, el presidente de la Comisión y a la vez presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro, señaló que todavía queda bastante debate pendiente, mientras que otros miembros de la comisión resaltaron que se trata de una cuestión complicada que requiere su tiempo.
Frente a la beligerancia de Álava y Vizcaya, la Diputación de Guipúzcoa prefiere mantenerse al margen. No ha recurrido al entender que no hay argumentos para hacerlo.
Jokin Bildarratz, presidente de Eudel, la asociación que reúne a todos los municipios, ya dio por perdida la ley para esta legislatura cuando en julio pasado conoció el recurso de las diputaciones. El proyecto elaborado por el Gobierno acaba, de alguna forma, con la tutela que el propio Ejecutivo y las diputaciones han ejercido sobre los ayuntamientos durante casi tres décadas. Representa una descentralización que delimita, define y, en algunos casos, amplía las competencias locales. Además, garantiza los ingresos de los consistorios dándoles entrada en el Consejo Vasco de Finanzas con voz y voto al tratar los asuntos que les afecten directamente, como política de endeudamiento y participación en los tributos concertados.
Las claves de una reivindicación histórica
Los ayuntamientos vienen reivindicado una ley que aclare sus competencias y asiente el principio de subsidiariedad desde 1983, poco después de la constitución del primer Gobierno vasco de la democracia. Éstas son las claves del proyecto:
- Competencias propias. Una de las claves del texto es que, por primera vez, los ayuntamientos sabrán a qué atenerse y qué competencias tienen asignadas. La gestión del padrón, el ordenamiento del tráfico o la promoción de vivienda pública son algunas de las habituales que ya desempeñaban, pero ahora se suman dos que tienen "inquietos" a los municipios: la participación en la gestión de la atención primaria en salud y su papel en la construcción de los centros educativos, dos cuestiones que hasta ahora desempeñaba en solitario el Gobierno.
- Delegaciones. Ejecutivo y diputaciones podrán delegar competencias en las corporaciones locales, "siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública". Esta cuestión que ha traído de cabeza a los ayuntamientos, a menudo desbordados por atribuciones que no les correspondían y sin partidas económicas para hacerles frente. El proyecto de ley puntualiza que esa delegación debe ir acompañada de "recursos".
- Consejo Vasco de Finanzas. Los ayuntamientos entrarán en el Consejo Vasco de Finanzas con voz y voto, una de sus reivindicaciones históricas. Su participación en el rendimiento de los tributos que se recauden, una vez descontado el Cupo y las aportaciones a la comunidad, se determinará de acuerdo a las competencias y los servicios que ofrezcan, los rendimientos de los tributos de las haciendas locales y el resto de sus ingresos propios. Cuando no se traten asuntos que les afectan directamente, sólo participarán como observadores.
- Consejo Municipal. Es un órgano de cooperación de los municipios con el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales, que tiene como misión planificar y ejecutar las políticas públicas que se vayan a desarrollar en el ámbito local.
- Consultas populares. Los ayuntamientos vascos podrán someter a una consulta popular cualquier asunto que sea de su competencia, salvo los que estén relacionados con las finanzas. El pleno municipal tendrá que resolver las peticiones de consultas presentadas por un mínimo del 20% de los vecinos en poblaciones de 5.000 habitantes o menos y del 10% en ciudades con más de 10.000 residentes.
