Segunda parte del formidable negocio de las resonancias

Ocho años de críticas de profesionales sanitarios, denuncias por millonarias desviaciones presupuestarias y polémicas luchas accionariales por hacerse con el poder de las empresas concesionarias -en las que tomó parte el que fuera diputado del PP Luis Concepción-, son para el Consell un servicio prestado "a plena satisfacción". Ésta fue la expresión utilizada el viernes por Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, para justificar que los anteriores adjudicatarios del servicio de diagnóstico con resonancia magnética a los pacientes de la red pública valenciana sean quienes vuelvan a prestar en exclusiva este servicio, como resolvió la Consejería de Sanidad el jueves pasado. Y para defender que se mantenga la fórmula de reservar este segmento al sector privado. Eso sí, con unas estratosféricas estimaciones de gasto de 497 millones de euros en el nuevo concurso (para diez años), frente a los 167 del anterior (ocho años). Y en contra la opinión del PSPV, que apuesta por revertir los equipos en propiedad a los hospitales de la consejería, una vez finalizado el primer contrato.

El contrato para los últimos ocho años era de 167 millones; ahora sube a 497

La tasa valenciana de resonancias por 1.000 habitantes es 70; la nacional, 35

En el año 2000, cuando el Consell anunció que en lugar de comprar la tecnología de diagnóstico más avanzada, la resonancia magnética nuclear, pensaba concertar estas exploraciones con el sector privado, los radiólogos de los hospitales públicos se movilizaron activamente en contra de esta medida. A través de las sociedades científicas valenciana y española denunciaron que se les vetaba el acceso a esta técnica y que se limitaría la formación de los residentes. Pero, sobre todo, alertaron de que esta opción sería mucho más cara para las arcas públicas ya que se dispararía el número de diagnósticos. Los especialistas advirtieron del "formidable negocio" que se abría a las empresas concesionarias: Eresa, Beanaca e Inscanner. El presupuesto inicial era de 167 millones. Finalmente, se rebasó en 100 millones más, un 60%.Y, como anunciaron los radiólogos de la red pública, se multiplicaron los diagnósticos por resonancia. El control, si lo hubo, no fue suficiente para que en la Comunidad Valenciana la tasa de resonancias por 1.000 habitantes se haya situado a la cabeza de España con 70 exploraciones frente a los 35 de la media nacional. El único hospital que cuenta con un equipo público en la Comunidad Valenciana es el Doctor Peset, de Valencia, que practica unas 27 exploraciones.

Lo que nadie esperaba era la guerra abierta que se desató entre una de las sociedades concesionarias: Inscanner. Esta firma fue cofundada por el ex diputado del PP en las Cortes Valencianas Luis Concepción. En 1999, mostró un documento notarial que demostraba que sus hijos de habían desvinculado de la sociedad "por motivos éticos" cuando él decidió dedicarse a la política "en serio". El escrito reflejaba que sus hijos habían cedido sus acciones en favor de otro cofundador y ex socio de su padre, Enrique López.

Sin embargo, el año 2004, sus hijos llevaron a los tribunales al propio López para recuperar la titularidad de sus acciones. Y ganaron. "Nunca se llegaron a transmitir realmente las acciones pues los actores no eran los dueños materiales sino su padre", dictó la magistrada en su sentencia. En otras palabras, la Administracion valenciana, gobernada por el PP, adjudicó un contrato millonario a una empresa que seguía participada por un alto cargo popular (Concepción).

Aún se complicaría más la historia con la venta de Inscanner a otra empresa adjudicataria, Beanaca, cuyo responsable, Carlos Paz, es una persona estrechamente relacionada con el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.

Ahora, estas dos empresas -Inscanner y Beanaca-, junto a la tercera adjudicataria del año 2000, Eresa; más Ribera Salud (participada al 50% por la CAM y Bancaixa) se han hecho con el nuevo concurso -bajo la marca Erescanner Salud-. De 167 millones de euros se ha pasado a 497, con el nuevo contrato. Una cantidad más que considerable -la construcción y equipamiento del nuevo macrohospital La Fe está valorada en 269 millones, y un equipo de resonancia cuesta 1,3 millones- y que seguro que a finales de 2018 se habrá rebasado sustancialmente, según los radiólogos. Y ello a pesar de que la segunda candidata a hacerse con el servicio, una unión de empresas entre Diagnosalud y Grupo 3ª Recoletas ha presentado una rebaja del 20% en su oferta económica.

Al anterior concurso se presentaron nueve aspirantes. Éste, que entrará en vigor el 1 de octubre, sólo ha contado con dos. "Era un traje a medida para los anteriores adjudicatarios", sostienen varias fuentes del sector. Como muestra, comentan que había que demostrar como prueba de "solvencia técnica" que se contaba con siete equipos propios, que son los que suman Eresa, Inscanner y Beanaca.

De momento ya hay una adjudicación provisional y un recurso contra esta decisión de la empresa que se ha quedado fuera; además de serias objeciones contra el pliego de condiciones del contrato, que también se ha apelado. El tiempo dirá si se vuelven a rebasar las estimaciones de gasto. Y si se repite el "formidable negocio" al del que no se cansaron de advertir los radiólogos de la sanidad pública.