La investigación constata que Bravo tuvo cómplices en la Hacienda foral
Sudupe y Txabarri niegan responsabilidades políticas en el fraude de Irún
La comisión de las Juntas Generales que está investigando las supuestas responsabilidades políticas en el fraude cometido en la Hacienda de Irún dio ayer por cerrada provisionalmente la fase de las comparecencias de técnicos, directores de Hacienda y responsables políticos del fisco guipuzcoano. A falta de que se empiecen a elaborar las conclusiones, la comisión ha podido constatar que el principal imputado y supuesto cerebro de la trama que defraudó 8,1 millones de euros al erario foral, José María Bravo, pudo contar con la colaboración de "otras personas" ligadas a la Hacienda foral para perpetrar la estafa.
La comisión de las Juntas hará públicas sus conclusiones el próximo diciembre
Tras escuchar a los comparecientes y analizar la toda documentación recibida, los partidos políticos tratarán a partir de ahora de determinar quiénes fueron los responsables de que fallaran o se relajaran los controles internos en la Hacienda guipuzcoana para que la trama urdida por Bravo, ex director de la oficina tributaria de Irún, cometiera presuntamente los delitos de los que está acusado.
Durante los nueve meses de declaraciones, en los que han desfilado 27 comparecientes, la comisión de las Juntas ha tratado de desentrañar el funcionamiento de la Hacienda foral, los sistemas de control internos y los servicios de recaudación, explicó ayer su presidente, el socialista Julio Astudillo. Las primeras conclusiones apuntan en la línea que ha defendido el actual Departamento de Finanzas, esto es, que "sin la participación de varios colaboradores no se hubieran podido cometer los delitos", como dijo recientemente el titular de Hacienda, Pello González, de EA.
Los 49 expedientes que la Hacienda foral ha entregado al Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, que tramita el caso, ponen de manifiesto que la trama dirigida por Bravo actuaba siempre de forma similar. El entonces director de la oficina de la localidad fronteriza contactaba con los contribuyentes morosos, negociaba con ellos la deuda y les requería el pago, casi siempre en una cuantía inferior a la debida. Recibía el dinero, muchas veces en efectivo, pero nunca ingresó esas cantidades en Hacienda, sino que, al parecer, las depositiba en sus propias cuentas. Luego daba por zanjada la deuda.
La comisión de investigación no tiene previsto llamar a declarar a nadie más, aunque sus miembros se han dado cinco días de plazo para "repescar" a alguno de los comparecencientes si ven precisas nuevas declaraciones para completar las averiguaciones. Por la comisión han desfilado, entre otros, uno de los cuatro imputados en la causa judicial (la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea), técnicos de las unidades de recaudación, informáticos, representantes sindicales; los directores de Hacienda, entre ellos Víctor Bravo, ex senador del PNV y hermano del principal imputado, y los diputados de esta cartera.
Los últimos en personarse fueron ayer los dos anteriores diputados generales: los peneuvistas Román Sudupe y Joxe Joan González de Txabarri. Ambos coincidieron en que no será posible imputar responsabilidades políticas en este caso, aunque el primero fue más allá y mostró su convencimiento de que el "intento de sacar provecho político" de los partidos llevará a "castigar al PNV".
Para Sudupe, quien presidió la Diputación de 1995 a 2003, todo es obra de un "chorizo" que conocía los "artilugios para escaparse del sistema". "No es extraño que haya aparecido un chorizo en 25 años de funcionamiento de las instituciones" democráticas. En todo caso, afirmó que es "absurdo" que un diputado general pueda ser responsable político de estos hechos.
Txabarri opinó que será "harto complicado" determinar responsabilidades políticas de personas concretas con la documentación existente, y reiteró que fue la Diputación durante su mandato (2003-2007) la que destapó el fraude y puso los hechos en manos del fiscal.
Astudillo calculó que en diciembre próximo se darán a conocer las conclusiones de la investigación, con lo que se cumplirían los plazos previstos por los grupos políticos.
En espera de la verificación de avales
El principal imputado de la estafa en la oficina tributaria de Irún, su ex director José María Bravo, permanece preso en la cárcel de Martutene a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún verifique los bienes inmuebles que ha presentado para avalar la fianza de 500.000 euros que le impuso la Audiencia guipuzcoana para lograr la libertad provisional.
Las garantías inmobiliarias fueron entregadas por escrito en el juzgado el pasado 22 de agosto, pero hasta la fecha no han sido tasadas por un perito, lo que ha generado un fuerte malestar entre los familiares de Bravo por la tardanza en realizar dicho trámite. Las propiedades que se ofrecen para lograr la salida de la prisión pertenecen a los allegados y familiares del supuesto cerebro de la trama. La legislación establece que el valor de los inmuebles debe ascender al menos al doble de la cantidad económica estipulada como fianza.
Bravo ya tuvo que depositar 400.000 euros para salir en libertad provisional después de que la entonces juez instructora de la causa, Almudena Ovejero, dictase su ingreso en prisión en mayo de 2007. La juez volvió a enviarle el 11 de julio del año pasado a Martutene, donde permanece desde entonces, ante el riesgo de fuga y la posibilidad de que alterase pruebas. Bravo está acusado de defraudar 8,1 millones de euros al erario guipuzcoano y apropiarse supuestamente de 1,6 millones de deudas tributarias de contribuyentes morosos, que abonaron estas cantidades en la oficina de Hacienda de Irún. El dinero no llegó a ser ingresado en el fisco guipuzcoano. Recientemente mantuvo un incidente con otro recluso en la prisión donostiarra.
Jesús Urraza, abogado del principal imputado en la causa, considera necesario que su defendido quede en libertad provisional para poder preparar con él su defensa.
Cronología del caso
- Agosto de 2005. La Hacienda guipuzcoana constata irregularidades en su oficina de Irún, con cobros a deudores que no son ingresados en el fisco.
- Septiembre de 2006. La Hacienda documenta las irregularidades a la fiscalía.
- Abril de 2007. La fiscalía interpone una denuncia penal contra José María Bravo, su esposa Rosa Cobos, Pilar Gracenea y Pedro Atristain.
- Mayo de 2007. El día 14, el senador del PNV Víctor Bravo, hermano de José María, dimite de su cargo. El día 18, la juez del caso envía a prisión a José María Bravo.
- Junio de 2007. Bravo sale de la cárcel tras pagar una fianza de 400.000 euros.
- Julio de 2007. Bravo vuelve a prisión después de negarse a declarar.
- Agosto de 2007. Los otros tres imputados proclaman su inocencia en el juzgado.
- Enero de 2008. La Hacienda foral cifra en 8,1 millones de euros el fraude cometido. La comisión de investigación de las Juntas Generales abre el turno de comparecencias de técnicos y responsables políticos.
- Septiembre de 2008. La Hacienda foral solicita la imputación de otras cuatro personas, entre ellos el abogado Mariano Bravo (sin relación de parentesco con el principal imputado).
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