Solbes evita cualquier compromiso sobre el 'blindaje' del Concierto

El ministro de Economía, Pedro Solbes, eludió ayer en el Congreso asumir compromisos ante la demanda del PNV de que se aborde el blindaje de las normas fiscales vascas, elevando su enjuiciamiento al Tribunal Constitucional. Solbes advirtió de que las modificaciones legales a que obligaría la iniciativa son "complejas", aunque se mostró dispuesto a estudiar "con el máximo interés" la cuestión.

La respuesta no satisfizo al diputado peneuvista Pedro Azpiazu, quien replicó que la única dificultad para realizar esa reforma, que ya se frustró en marzo de 2007, sería la falta de "voluntad política". El portavoz para asuntos económicos del PNV volvió a plantear la reforma tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que la semana pasada respaldó la capacidad de los órganos forales para fijar una normativa fiscal para las empresas distinta a la existente en el resto de España. Es una buena oportunidad, defendió Azpiazu, para dotar de "mayor protección y seguridad jurídica" a esa facultad del Concierto Económico, trasladando su enjuiciamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa al Tribunal Constitucional, mediante la modificación de su ley orgánica. De este modo se reduciría la posibilidad de recurrir las normas forales de carácter fiscal, que actualmente pueden ser impugnadas por cualquier persona física o jurídica (una empresa, sindicato o asociación patronal) que se considere afectada. Sin embargo, ese cambio no impediría que contenidos del Impuesto de Sociedades fueran recurridos al Constitucional por el Gobierno central o los de las comunidades limítrofes, como ha sido habitual en los últimos años.

Solbes se felicitó de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, pero no fue más allá ante la petición del PNV, que insistirá en este asunto durante la negociación del los presupuestos con el Gobierno socialista.

Por otro lado, el PSOE y PP volvieron a rechazar una moción del PNV en la que se pedía el traspaso de las prisiones a Euskadi, con el argumento de que la política penitenciaria es, en este momento, un elemento clave de la política antiterrorista.