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Reportaje:

Inyecciones para inhibir la libido

La "castración química" es un tratamiento con hormonas voluntario para violadores - No es infalible, pero puede ayudar a la rehabilitación

"Contra violación, castración", rezaba una histórica consigna de algunas feministas al inicio de la transición. La sociedad española ha cambiado mucho desde entonces, pero los violadores persisten y, al hilo del caso Mari Luz, el Gobierno ha anunciado que aplicará la llamada "castración química" a los presos que cumplen condena por delitos sexuales. Se trata de una medida que no consiste en amputar ningún órgano al violador, ni en inyectarle compuestos químicos de manera forzada, porque sería anticonstitucional.

En España hay más de 71.000 presos, de los que 3.620 están por delitos sexuales

El 18% reincide, pero los programas de rehabilitación bajan la tasa al 4%

"Ése no es el camino contra los violadores", dice la feminista Empar Pineda

El catedrático Díaz Ripollés ve "cierto populismo" en el anuncio

Es un tratamiento hormonal que se aplica desde 1996 en Estados Unidos y diversos países de nuestro entorno consistente en una inyección mensual que disminuye la producción de testosterona. De esa manera se reduce también el deseo sexual "y la persona se vuelve más dócil y más sumisa", explica Odette Terol, doctora en psicología clínica y forense que tiene abierta consulta en Madrid y que ha tratado a centenares de agresores sexuales y víctimas de estos delitos.

A pesar de que el Gobierno sólo ha anunciado la medida y no ha concretado su aplicación, la "castración química" sería un tratamiento farmacológico complementario del tratamiento psicológico que ya reciben algunos presos condenados por delitos sexuales en las prisiones españolas y que en algunos casos incluye también el suministro de fármacos.

Esa medida fue una de las 10 propuestas que hace unos meses realizó una comisión de expertos de Cataluña formada por especialistas de diversas disciplinas para aplicar a los violadores y los condenados por delitos contra la vida cuando éstos saliesen de prisión. Otra de aquellas medidas, que hace unos días también anunció el Gobierno, era modificar el Código Penal para que los tribunales pudieran imponer en sentencia la libertad vigilada a violadores y terroristas hasta un máximo de 20 años después de que el preso cumpliera condena.

La población reclusa española supera actualmente las 71.000 personas, entre presos preventivos y penados. De ellas, 3.620 son reclusos acusados o condenados por delitos sexuales y de estos sólo 569 participan en programas de tratamiento: 230 en Cataluña, que es la única comunidad autónoma que tiene traspasadas las competencias penitenciarias, y 339 en el resto de España. En todos los casos, el hecho de no participar en un de esos programas de tratamiento comporta un informe desfavorable de la junta de tratamiento de la cárcel a la hora de obtener permisos penitenciarios.

El primer programa de tratamiento integral para delincuentes sexuales se empezó a aplicar en la prisión barcelonesa de Brians I en 1996, y ahora está extendido a prácticamente todas las prisiones catalanas y en otros 39 centros del resto de España. En 2003 se realizó en Cataluña un estudio que desveló que el índice de reincidencia en los cinco años posteriores a obtener la libertad era del 4,3% entre los presos que seguido un programa de tratamiento integral, mientras que la tasa entre los que no lo habían hecho era del 18,7%. La tasa media de reincidencia delictiva en los países de nuestro entorno se sitúa en torno al 20% y diversos estudios han avalado que los tratamientos en prisión la disminuyen de manera considerable.

De forma similar a lo que ocurrido en España, la expresión "castración química" fue planteada en agosto de 2007 por el presidente francés Nicolás Sarkozy después de que un pederasta que había sido excarcelado un mes antes secuestrase y violase a un niño de cinco años. El debate sobre qué hacer con los violadores y los asesinos se plantea casi siempre en casos así, en los que se evidencia que la cárcel no ha cumplido la función resocializadora. En España ocurrió hace ahora un año, con la excarcelación en Barcelona de José Rodríguez Salvador, el violador del Vall d'Hebron, liberado tras cumplir 16 años en prisión por 17 violaciones y pendiente ahora de un recurso en el Tribunal Supremo para que se le aplique la doctrina Parot y vuelva a la cárcel. Ese fue el detonante que llevó a la fiscalía de Barcelona y al Departamento de Justicia de la Generalitat a crear esa comisión de expertos para que hiciesen propuestas de actuació. Meses antes había sido excarcelado Alejandro Martínez Singul, el llamado segundo violador del Eixample, también en Barcelona, y ahora en prisión acusado de un intento de violación cometido a los meses de lograr la libertad. Sin embargo, detonante definitivo ha sido el asesinato de la niña Mari Luz fruto de la enorme descoordinación institucional y no sólo judicial.

Otro de los episodios que sacudieron a la opinión pública fue el de Pedro Jiménez García, un preso condenado a 19 años de cárcel por varias violaciones y que aprovechando un permiso penitenciario a falta de cinco meses para lograr la libertad condicional asesinó a dos policías en prácticas en L'Hospitalet de Llobregat y violó a una de ellas. La junta de tratamiento de la cárcel consideraba que estaba rehabilitado y por eso informaron a favor de ese permiso.

"Si a nadie se le ocurre plantear que las terapias contra el cáncer han de dejar de aplicarse porque en algunos enfermos no funcionan, tampoco se puede afirmar que hemos de abandonar a esos presos porque en ocasiones reinciden", explica Miguel Ángel Labrador, psicólogo de la prisión madrileña de Navalcarnero, que ha tratado a centenares de presos.

"El agresor sexual es como enfermo crónico y como tal debe ser controlado para evitar que reincida", razona Joan Carles Navarro, director de la cárcel barcelonesa de Brians I. Y ese control exige en cada caso un tratamiento individualizado, porque no se puede generalizar. "La violación de mujeres o el abuso de menores no está basado en el deseo sexual, sino en un pensamiento del agresor y por eso hay que hacer una reconstrucción cognitiva del cerebro. En un proceso largo y en él puede ayudar la inyección hormonal, pero como elemento coadyuvante", añade Odette Terol.

La referida inyección hormonal ya se suministra en las prisiones catalanas, pero en contadas ocasiones, admite Joan Carles Navarro, que anteriormente había sido jefe del equipo de tratamiento de otra cárcel. "Sólo está indicada para los presos muy compulsivos, que se ven desbordados por sus fantasías sexuales. Y la mayoría de ellos no responden a este patrón, porque el motivo principal que les lleva a delinquir es humillar a la víctima, dominarla".

Los compuestos de la inyección inhibidora del deseo sexual se comercializan en España con diversas denominaciones y se emplean de forma rutinaria en la terapia del cáncer de próstata. También como método anticonceptivo, porque su efecto es similar al de la progesterona, una hormona que los ovarios producen cada mes como parte del ciclo menstrual y que previene la liberación de óvulos. Se trata de un tratamiento transitorio y reversible. Es decir, sus efectos cesan cuando se deja de aplicar, de manera que cabría preguntarse si el Gobierno piensa seguir aplicándola a partir de la excarcelación.

Empar Pineda, ya formaba parte del movimiento feminista español cuando algunas de sus colegas realizaban pintadas reclamando la castración de los violadores, entendida entonces como la amputación del pene. Ella no era partidaria entonces de aquella medida, como tampoco lo es ahora de que se suministre ese tratamiento inhibidor a los presos de manera voluntaria. "Ese no es el camino. Entonces decíamos, y ahora seguimos pensando, que la defensa de los derechos de las mujeres ha de empezar en la escuela, eso que ahora se llama igualdad, y que los delitos sexuales responden a elementos culturales muy arraigados que hay que combatir desde diversos frentes", explica Pineda.

Los juristas también mantienen opiniones diversas sobre la aplicación de la "castración química". El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díaz Ripollés, explica que la Ley General Penitenciaria permite aplicar ese tratamiento aunque el preso se oponga, pero precisa que "no tiene sentido si no es voluntario, como cualquier tratamiento psicológico". En eso coinciden todos los profesionales consultados. El psicólogo Miguel Ángel Labrador establece un paralelismo entre el preso condenado por delito sexual y el enfermo de cáncer. "Existe tratamiento y se ha demostrado que es eficaz en el marco de un tratamiento general, pero lo que no puede ser es que se interrumpa porque el recluso queda en libertad. Igual que a nadie se le ocurre que el enfermo abandone la medicación o un tratamiento completo cuando sale del hospital", explica. En este sentido, Labrador recuerda la experiencia de Canadá, en la que el Gobierno ha universalizado el tratamiento a todos los presos por delitos sexuales después de evaluar que tiene menos costes que los que generan esos delitos en salarios de policías, funcionarios de prisiones, sistema judicial, etcétera. El último estudio realizado por la Generalitat estima que el coste medio diario por preso es de 64 euros, a lo que hay que añadir el coste de la construcción de las cárceles.

Díaz Ripollés entiende que el anuncio del Gobierno no está exento de "cierto populismo" y reprocha que esté legislando para una población muy reducida de presos y a raíz de casos "inducidos por el alarmismo que crean los medios a partir de asuntos muy concretos".

"La inyección puede ayudar en algún caso, pero que no es la panacea de nada", enfatiza Navarro. En eso coincide con Díaz Ripollés, quien reclama que se mejore la técnica para evaluar el riesgo de cada preso, "en lugar de anunciar medidas generalistas de carácter excepcional, porque eso sólo sucede en temas de política criminal, pero no en política sanitaria o educativa".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de septiembre de 2008