Guipúzcoa suspende en contratación y concesión de ayudas

La Diputación de Guipúzcoa incurrió en varias irregularidades de bulto en 2006, sobre todo en materia de contratación administrativa y concesión de subvenciones, según dictamina el Tribunal vasco de Cuentas Públicas en el informe de fiscalización hecho público ayer

. El análisis económico y contable de las cuentas forales arroja un resultado general positivo sobre el cumplimiento de la legalidad, aunque se constatan numerosas amonestaciones que afean la gestión de los recursos públicos durante el referido ejercicio, el último completo bajo el mandato del ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri.

La Diputación aumentó un 177% las subvenciones directas en 2006

Al detallar las "deficiencias" halladas en las subvenciones concedidas por el Ejecutivo foral, el tribunal fiscalizador censura la aprobación de 52 subvenciones directas por 19,8 millones de euros, "sin justificar la imposibilidad" de promover la necesaria publicidad y concurrencia. Los beneficiarios fueron 24 ayuntamientos (9,1 millones), diez empresas (4,7 millones) y 28 entidades sin ánimo de lucro (6,9 millones). Además, dos diputados firmaron subvenciones a dedo por 150.000 euros, doblando el máximo permitido por la ley. En otras seis se incluyó el IVA por 709.000 euros, cuando esta cantidad fue deducida en sus declaraciones por los beneficiarios, por lo que "se debería requerir su reintegro".

La auditoría se detiene en los 900.000 euros aportados a la Fundación Euskadi (el equipo ciclista Euskaltel), que suponen una cantidad "excedentaria" en 780.000 euros. También se refiere al convenio de colaboración con el club Gipuzkoa Basket, al que se entregaron 1,8 millones para comprar su plaza en la Liga ACB, aunque en el acuerdo se incluyó la obligación de reintegrar dicho montante en el caso de perder la categoría, como finalmente así ocurrió. Según el informe, el actual Bruesa Gipuzkoa Basket no ha devuelto la ayuda.

La Diputación presentó alegaciones a prácticamente todos los acuerdos calificados como irregulares, aunque el tribunal no ha aceptado los argumentos de la institución foral. Este rechazo de las alegaciones motivó el voto particular de tres de los miembros del órgano fiscalizador, que además incidieron en la legalidad de la aportación económica al Euskaltel. Estos representantes sostienen que no se trata de una subvención, sino de un "contrato de patrocinio" que contempla una serie de compromisos a cambio de la contraprestación económica.

En todo caso, el equipo auditor destaca que en 2006 se registró un incremento del 177% en el volumen de subvenciones directas (21,6 millones frente a los 7,8 millones del ejercicio anterior). Curiosamente, una gran parte se aprobaron en el mes de diciembre, lo que hace imposible ejecutarlas en ese ejercicio.

En cuanto a las contrataciones, las salvedades se centran en el incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en algunas adjudicaciones, y en la modificación de siete contratos que "desnaturalizan" la finalidad original de los mismos. Igualmente, pone de manifiesto que en 20 contratos de patrocinio con clubes deportivos, que suman cinco millones, no se concretaron las acciones exigibles a estas entidades, por lo que debieron contabilizarse como subvenciones.

El tribunal hace una recomendación expresa a la sociedad foral Etorlur, dedicada a la promoción de vivienda pública, para que exija informes técnicos de valoración durante las adquisiciones de inmuebles y asegure la financiación de las mismas. Esta indicación se produce tras encontrar deficiencias en la compra de una finca en Azkoitia por 28 millones.

El tribunal no pudo analizar la pérdida de ingresos fiscales por la estafa en la Hacienda de Irún al seguir el caso sub iudice.