El 'caso Prestige' se reanuda sin contar aún con juez de apoyo

El pequeño juzgado de Corcubión donde se instruye desde hace casi seis años el voluminoso sumario por la catástrofe del Prestige inició ayer la toma de declaraciones de los últimos testigos sin contar con la ayuda prometida de un juez de apoyo. Para permitir a la titular de ese juzgado, Carmen Veiras, dedicarse en exclusiva a la causa más importante incoada en España por delito medioambiental y cerrar la demorada instrucción de decenas de miles de folios, las autoridades judiciales habían anunciado el nombramiento de ese juez de refuerzo para que se encargase de los asuntos ordinarios de la sala. Pero esa ayuda a un juzgado colapsado tardará en llegar, lo que compromete el objetivo de celebrar juicio oral en el primer trimestre de 2009.

Nunca Máis considera que hay indicios de que ABS actuó con negligencia

El Consejo General del Poder Judicial, en la reunión de hoy de su comisión permanente, decidirá si acepta el nombramiento de ese juez de apoyo que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reclamó hace meses "con fecha de inicio el 1 de septiembre". De prosperar la propuesta, aún faltaría que se hiciese efectiva y que el Ministerio de Justicia habilitase los fondos necesarios para ese refuerzo. Lo que sí se logró, al depender de la Xunta, es la prolongación de las jornadas de los demás funcionarios del juzgado dedicados a la causa del Prestige.

Mientras se sigue a la espera de una medida considerada imprescindible para celebrar cuanto antes el juicio, ayer declaró en calidad de testigo en Corcubión un representante de ABS, la sociedad estadounidense encargada de certificar la navegabilidad del viejo barco que se rompió frente a Galicia con más de 70.000 toneladas de fuel a bordo. En Nueva York, el Estado español mantiene vivo su costoso pleito civil contra la clasificadora, en el que ya se gastó un millón de dólares. Pero en la única causa judicial abierta en España por esta catástrofe, que engloba a los afectados franceses, la Fiscalía de Medio Ambiente logró el aval de la Audiencia Provincial para que ABS fuese citada a declarar en calidad de testigo y no de imputado, como reclamó en su día la plataforma ciudadana Nunca Máis. La juez de Corcubión había accedido a esa última petición, lo le que valió duras críticas de la fiscalía por considerar que suponía retrasar aún más una muy demorada instrucción del caso. El ministerio público, tras oír ayer el testimonio del representante de ABS en España, José Pedro Descalzo, se ratificó en su criterio de que "no aporta nada sustantivo", dijo el fiscal Álvaro García Ortiz.

Descalzo relató ayer que la noche del accidente, el 13 de noviembre de 2002, se limitó a remitir a las autoridades españolas la documentación del barco -planos y datos de la carga- que le había enviado la sede central de ABS en Houston (Texas). "No intervino más, ni siquiera en el gabinete de crisis que abrió la clasificadora del barco. Su papel fue meramente de correa de transmisión aquel día", puntualizaron fuentes de la fiscalía.

A petición de otras partes, el representante de la sociedad también relató los protocolos que deben seguirse para que un barco como el siniestrado petrolero supere las inspecciones y obtenga de ABS el permiso para hacerse a la mar. Para el abogado de Nunca Máis, Pedro Trepat, el relato del testigo "confirmó que existen indicios de negligencia por parte de la clasificadora en la revisión de las condiciones necesarias para poder navegar".

Mucho más relevante se anuncia la declaración hoy de uno de los ex directivos de Universe Maritime, la armadora griega del Prestige. George N. Alevizos, que ocupaba un cargo relevante en la naviera, ha sido citado como testigo por la Abogacía del Estado. Su testimonio en el pleito abierto en Nueva York favorece la tesis del Gobierno español, al haber asegurado que, la noche del accidente, la armadora daba por perdido el petrolero y nunca pidió que se acercara a la costa el barco dañado.