El fiscal recurrirá la sanción mínima impuesta al juez del 'caso Mari Luz'

"En principio es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa". Fue la primera reacción del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al conocer ayer la decisión de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sancionar con una multa de 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado "por desatención grave" en el caso de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. Inmediatamente después, el ministro anticipó la intención del fiscal de recurrir el acuerdo.

Dos de los cinco miembros de la comisión reclamaron un castigo mayor

Mari Luz, de 5 años, fue presuntamente asesinada en enero pasado por el pederasta Santiago del Valle, quien en ese momento debía estar preso y cumpliendo una condena firme de cárcel por abusar sexualmente de su hija. La condena estuvo sin ejecutar en el Juzgado de Rafael Tirado, el Penal 1 de Sevilla, durante dos años y dos meses y nueve días.

La decisión de considerar el error del juzgado de Tirado una falta grave, y no muy grave como proponía el fiscal del caso, fue acordada con los votos de los vocales conservadores Carlos Ríos y Juan Pablo González y el del vocal independiente Agustín Azparren. Las otras dos vocales que completan la comisión disciplinaria, las progresistas María Ángeles García y Monserrat Comas, se opusieron a considerar los hechos como falta grave, como proponía el instructor del expediente. Eran partidarias de calificarlos de "falta muy grave de desatención", lo que, en vez de multa, habría supuesto la suspensión temporal, el traslado e incluso la expulsión del magistrado. Las vocales progresistas expusieron que, aunque todo se debiese a un fallo en cadena del personal del juzgado, la responsabilidad última en la ejecución es del juez. No obstante, la tesis que se impuso en votos, en un debate tenso pero pacífico y que duró más de una hora, fue la de los vocales conservadores.

Éstos, aun admitiendo que era un hecho desgraciado, consideraron que no se debía convertir a Tirado en cabeza de turco. Según asistentes a la reunión, hubo algún llamamiento a analizar el caso con frialdad jurídica, al margen de presiones mediáticas. Argumentaron a favor del juez que había "otros muchos casos" de retrasos que habían acabado en archivo y que, en 2007, su rendimiento en el juzgado fue de "un 139%" por encima del módulo de trabajo, el que mide la productividad de los juzgados.

Los vocales partidarios de la multa zanjaron que el caso Mari Luz es el resultado "de un fallo en cadena, pero no atribuible sólo a Tirado", sino también a la secretaria (a la que el Ministerio de Justicia ha abierto un expediente). Y al hecho de que la Administración de justicia andaluza no hubiese suplido durante seis meses la vacante que dejó la funcionaria que tramitaba el caso, según informaron las citadas fuentes.

En lo que sí coincidieron unos y otros es que se tuvo en cuenta que varios meses antes de estallar el escándalo, Tirado había sido avisado por la inspección del Consejo del desorden en su juzgado en la ejecución de sentencias.