El Gobierno planea 20 años de libertad vigilada para terroristas y violadores

Libertad vigilada hasta 20 años después del cumplimiento de la condena para delincuentes sexuales y terroristas; que los delitos terroristas graves no prescriban nunca y llevar un Registro de Pederastas. Éstas son algunas de las medidas posdelictuales y de agravamiento de penas que están negociando el PSOE y el PP y que ayer fueron presentadas en una conferencia de prensa conjunta por los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

En el elenco de medidas para reprimir la delincuencia, se endurecerán las penas por pederastia y pornografía infantil; se considerarán asociaciones de malhechores a aquellos grupos que se asocien transitoriamente para asaltos a chalés o joyerías y se elevará el tope actual de ocho años de cárcel hasta los 12 años las penas a los patrones de cayucos que transporten menores de edad. Además, se introducirá la castración química para delincuentes sexuales siempre que sea aceptada por éstos.

Las normas penales no son retroactivas; se aplicarán al entrar en vigor la reforma

Fernández Bermejo enfatizó que el endurecimiento de las penas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales responde al compromiso del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para aumentar las penas por agresión sexual, abusos, prostitución y pornografía cuando las víctimas son menores. En esa línea general de agravación se tipificarán nuevas conductas en casos de pornografía y prostitución cuando haya captación de menores para utilizarlos con esos fines y cuando la comisión del delito ponga en peligro la vida del menor.

Las penas accesorias para esos casos serán de hasta 20 años de libertad vigilada después del cumplimiento de las penas en aquellos casos en que haya mal pronóstico de reinserción. Fuentes jurídicas puntualizaron anoche que los 20 años serían el tope de la medida de vigilancia y que ésta podría revisarse en función de la reeducación y evolución del penado e incluso llegar a dejarla sin efecto.

A preguntas de los periodistas, Fernández Bermejo explicó que las normas penales no son retroactivas, por lo que la libertad vigilada sólo podrá ser impuesta por los jueces en sentencia para los delitos que se cometan a partir de que entre en vigor la reforma, y no cabe aplicarla a los delincuentes que salgan ahora de las cárceles.

Aplicada a delitos de terrorismo, el ministro del Interior puntualizó que la legislación antiterrorista española es ya una de las más duras del mundo y, a partir de ahora, a un terrorista que asesine y se le imponga una pena de 40 años de cárcel saldrá en condiciones de no reincidir, pero por si acaso, se le podrá añadir 20 años en libertad vigilada. Rubalcaba agregó que se sigue estudiando la posibilidad de que los terroristas, una vez cumplida la pena, no sólo no puedan residir en las proximidades del lugar de residencia de sus propias víctimas -lo cual ya se está aplicando-, sino alejados de cualquier otra víctima del terrorismo.

El ministro del Interior añadió en otro momento que a las placas de calles con nombre de etarras "les queda muy poco tiempo" y "se van a quitar". "Y no va a haber ninguna nunca más", con la nueva modificación legal que está en marcha.

Rubalcaba anunció también que, previsiblemente, los delitos graves de terrorismo, en los casos que afecten a la vida de las personas, no prescribirán nunca. En la actualidad, los asesinatos terroristas prescriben a los 20 años, aunque ese plazo queda interrumpido cuando se tienen noticias de quién ha sido y se dicta contra él una orden de busca y captura internacional. No obstante, la media impediría otros casos que se han dado de etarras entregados cuyo delito ha prescrito.