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La Justicia investiga la legalidad de la ampliación de tres canteras

Industria asegura que las 48 explotaciones activas se ajustan a la normativa

La ampliación de la actividad de las canteras sigue generando problemas. Tres explotaciones a cielo abierto están inmersas en pleitos judiciales y una de ellas, la de Zallobenta (junto al parque natural de Urkiola), ha tenido tres sentencias judiciales adversas. Las 48 canteras activas actualmente tienen sus proyectos de explotación y restauración en regla, aunque han tardado 20 años en cumplir la ley.

El Ejecutivo cifra en 233 las canteras abandonadas en Euskadi

Entre las irregularidades destaca San Josepe Bi, en Mondragón, que ha recibido tres permisos de ampliación en cuatro años, cuando en 2004 un informe municipal concluyó que había explotado un 23% más de lo permitido. Otro caso irregular es el de la cantera de Sasiola, en Deba, donde se ubica la cueva prehistórica de Praileaitz, y en cuyas inmediaciones se ha empezado a extraer piedra. Esta actividad ha motivado que la Agencia Vasca del Agua abra un expediente sancionador a la empresa y se haya paralizado la actividad en esta zona.

"Uno de los principales problemas es que en gran parte de espacios naturales protegidos hay canteras, bien en el límite o al lado", señalan portavoces de Ekologistak Martxan. Este colectivo valora positivamente que las 48 canteras (que cada año producen casi 19 millones toneladas) tengan proyectos de explotación y restauración, impuestos por la ley en 1984. El Gobierno aprobó en 2000 un decreto que, con la amenaza del cierre, obligaba a acometer proyectos de restauración al tiempo que la explotación, incluyendo a un aval para la recuperación. Ahora, el Departamento de Industria tiene cerca de 40 millones de euros en avales de las canteras. La consejería resalta que no hay ninguna explotación "en situación irregular"

La explotación de Zallobenta, en Mañaria (113.682 toneladas anuales de producción) ha sido reprobada por las instituciones vascas. Las Juntas de Vizcaya pidieron el pasado año por unanimidad su cierre inmediato y la paralización de la actividad. El Parlamento también adoptó en febrero un acuerdo de cierre, sólo con el rechazo del PNV y EA (esta formación se opuso a la paralización, pero rechazó que abra nuevas cortas). Lo curioso es que los pleitos contra esta cantera empezaron entre sus socios. Sendas sentencias del Tribunal Superior y del Supremo rechazaron una ampliación. Y en 2007 hubo otro fallo contrario -esta vez la demanda fue de un grupo vecinal- por parte del Superior vasco. "Esta cantera no ha hecho ninguna labor de restauración prevista en el proyecto original y desde 2001 no realiza los informes trimestrales obligatorios.Está funcionando con todas las autorizaciones declaradas nulas o ilegales. Y el Gobierno no hace nada", afirma Unax Unzalu, de la plataforma vecinal contra la cantera. Txaber Lezamiz, director de Energía y Minas del Gobierno, replica que esta explotación se gestiona actualmente "de manera escrupulosa". Explica que las sentencias "supuestamente adversas a la cantera" se ciñen "exclusivamente al plano mercantil" y que la empresa está próxima a finalizar el proyecto de explotación.

La de Galdames II, en este municipio, es una de las diez principales canteras en Euskadi, con una producción anual de casi 550.000 toneladas. La asociación ecologista Izate interpuso el pasado año una demanda por delito ecológico, al ampliar su explotación a un área donde hay restos megalíticos, una denuncia que es investigada por un juzgado de Balmaseda. El Departamento de Industria abrió también un expediente sancionador tras la información recibida de Izate, que llevó a paralizar la actividad en aquella zona. "La Dirección de Minas valoró que aquella ampliación que hicieron les habrá reportado un millón de euros", dice Sergio de Juan, portavoz de Izate.

El tercer pleito también se sitúa en la zona de Las Encartaciones, en Carranza, con la cantera Venta La Perra. En este caso ha sido formulado por la empresa, ya que la declaración del parque natural de Carranza afecta a los planes de ampliación. Además de las activas, los ecologistas critican la situación de las canteras abandonadas, que cuantifican en 1.500. Lezamiz cifra las las cortas que ya no se explotan en sólo 233, ya que la mayoría ha "evolucionado a situaciones de equilibrio con el medio y están integradas".

Planes bajo tierra

El debate también se encuentra ahora en el plan de zonas canterables, exigido el pasado año por el Parlamento al Gobierno para que haya un marco legal de nuevas explotaciones. La última la abrió hace 14 años (Apario) Cementos Lemona para desarrollar su actividad industrial. El Departamento de Industria ha elaborado un estudio preliminar, en el que define 112 emplazamientos que afectan a 73 ayuntamientos. De ellas, 67 se plantean como subterráneas.

Los ecologistas critican los problemas de las explotaciones subterráneas, que "pueden afectar a acuiferos", y señalan que se debían calificar, en vez de canteras, como minas, "que es lo que son y están sujetas a una legislación diferente". Ekologistak Martxan ha pedido la paralización de las licencias, "porque con este documento se están dando permisos a nuevas explotaciones" y censura que se trate, en vez de un plan, de un catálogo "que no implica ninguna restricción legal·". Industria señala que la paralización de licencias es inviable - "no tiene encaje en la Ley de Minas"- y que, en cualquier caso, se encuentra todavía en "una fase temprana de elaboración" del plan definitivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de septiembre de 2008

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