La principal medida del Consell contra la pobreza está atascada

La principal medida contra la pobreza del Consell está atascada en los despachos de la Consejería de Bienestar Social. La Ley de Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía lleva año y medio de andadura desde que entró en vigor en marzo de 2007, pero su situación de empantanamiento administrativo ha impedido que miles de familias que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social hayan comenzado a percibir las ayudas que les reconoce la ley.

La norma se aprobó después de años de reclamaciones por parte de sindicatos y asociaciones. La Comunidad Valenciana contaba por fin con un instrumento que garantizaba por ley el derecho de las personas sin recursos a cobrar unas prestaciones de entre 373 y 603 euros al mes vinculadas a la voluntad de inserción sociolaboral de los beneficiarios en forma de asistencia a cursos.

Hasta tal punto se trata de una medida clave en la política social que el derecho a percibirla se introdujo en la reforma del Estatuto de Autonomía. No sólo eso. También es uno de los pilares del Plan de Inclusión Social de la Comunidad Valenciana 2006-2008 elaborado por la consejería de Bienestar Social para combatir la pobreza.

Pese a todo ello, la Administración valenciana, ha mantenido esta norma en una especie de estado de coma inducido que ha impedido hacerla efectiva hasta el momento.

La ley cuenta con un generoso plazo de un año para su efectiva aplicación, un periodo que daba tiempo a completar el complejo armazón administrativo que requiere una norma de este tipo. No sólo para elaborar el decreto destinado a desarrollar la ley, sino también para poner en funcionamiento la estructura que requiere una medida de este tipo. Por ejemplo, la creación de las comisiones mixtas que se han de constituir por personal técnico de la administración (ayuntamientos, consejerías, Servef) y que son los órganos encargados de elaborar los planes de inserción social de los beneficiarios.

Sin embargo, durante este periodo no se avanzó ni un milímetro en su puesta en marcha. En marzo de 2008 la medida era de efectiva aplicación sin los medios para que pudiera comenzar a andar. Ante la falta de impresos específicos para pedir estas ayudas, organizaciones como Cáritas elaboraron sus propios formularios y comunicaron a sus colaboradores que, dado que la ley ya era efectiva, comenzaran a solicitar las ayudas pese a la falta de difusión de las mismas por parte de Bienestar Social.No ha sido hasta julio de este año cuando el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el decreto que desarrolla la norma. Para la orden que establece los requisitos que deben cumplir los beneficiarios así como los formularios para solicitarlas ha habido que esperar hasta la primera semana de agosto.

Bienestar Social admite que ha habido cierto retraso en la aplicación de esta medida, algo que, en parte, achaca al cambio de equipos de la consejería tras el relevo de la anterior responsable Alicia de Miguel por Juan Cotino. Además, fuentes de este departamento aluden a la complejidad jurídica administrativa que comporta un proceso de este tipo. En todo caso, apuntan que se va a intentar "agilizar todo lo que se pueda" el proceso.

Además, indican que desde la entrada en vigor de la norma ya se podían presentar solicitudes, aunque no fuera con un formulario específico. De hecho, las mismas fuentes señalan que ya hay 771 peticiones que se están tramitando y las que sean aceptadas se abonarán con efecto retroactivo desde la fecha de solicitud. La intención de este departamento es que a lo largo de este año se comiencen a hacer los pagos. Bienestar Social estima que a pleno rendimiento unas 3.700 familias recibirán esta subvención anualmente.

Trabajadores de servicios sociales consultados por este diario apuntan también como motivo de la demora al esfuerzo y la atención que requiere el desarrollo de la Ley de la Dependencia.

El diputado socialista en las Cortes Antonio Torres apunta a una causa más prosaica: la falta de fondos. "Empezarán a pagar el año que viene muy pronto para cargar los gastos de esta medida al próximo presupuesto", comenta. La falta de dinero es uno de los principales problemas de Bienestar Social para cumplir con sus compromisos.