"Necesito el dinero para salir adelante"

María, de 30 años, vive en una vivienda social del barrio de La Coma de Paterna con sus cuatro hijos de 12, 11, 8 y 3 años. Su pareja lleva ya seis años en la cárcel "y le quedan aún bastantes", comenta desde el umbral de su puerta mientras, por detrás, su pequeño asoma la cabeza y la escucha con curiosidad.

Sus únicos ingresos son los 10 o 12 euros que consigue obtener al día limpiando cristales y pidiendo. Eso y la ayuda que recibe de Cáritas. Participa en un programa de inserción laboral por el que obtiene 150 euros al mes. Este año la única ayuda social que ha recibido es una paga anual de 300 euros que facilita el ayuntamiento. Con todo ello subsiste a duras penas. "Me hace falta más dinero, falta para comer", comenta, "ahora empieza el colegio y los niños no tienen ni zapatillas, ni el chándal..."

María, que bajo este nombre oculta su verdadera identidad, encaja perfectamente en el perfil del beneficiario a quien se dirige la renta garantizada de ciudadanía. En una situación muy similar está su vecina de rellano, que al oír la conversación sale de casa y se acerca para contar su situación.

"Mi marido también está preso, lleva ocho meses", comenta. Tampoco tiene ingresos propios, después de que se la haya acabado una prestación por desempleo. Tanto ella como sus tres hijos subsisten con la pensión de 300 euros que cobra su madre que les acompaña en el piso. No es mucho, pero suficiente para anular la bonificación que tiene su vecina en el alquiler que pagan al Instituto Valenciano de Vivienda por falta de ingresos estables. María sólo paga 10 euros al mes; ella 100. Al contrario que su vecina, ella sí que ha solicitado la renta de ciudadanía a través de los servicios sociales municipales. "A mí me da igual si tengo que ir a un cursillo o trabajar en lo que sea, pero necesito la ayuda para salir adelante", apunta.