Plazos para el aborto

El Gobierno ha decidido impulsar una reforma de la ley del aborto que, en realidad, no figuraba como compromiso en el programa con el que concurrió a las elecciones (aunque sí estaba en el de 2004), concediendo así, aparentemente, fuerza vinculante a las resoluciones del último congreso del partido socialista. Ayer lo confirmó la vicepresidenta Fernández de la Vega: en un año se dispondrá de una nueva norma de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual regulación necesita ser reformada, entre otras razones, porque la seguridad jurídica que ofrece una ley de supuestos es menor que la que garantiza una de plazos. Así lo demuestra la experiencia de la norma en vigor, en particular en el tratamiento legal del supuesto de peligro psicológico para la madre. Las dificultades para concretarlo han abierto, de hecho, una vía para interrumpir el embarazo hasta fechas muy avanzadas de gestación. También han proporcionado una coartada a las campañas antiabortistas, que han pretendido revisar los casos cubiertos por la ley amparándose en los abusos que se hayan podido cometer.

Que la reforma de la actual regulación del aborto sea necesaria no justifica cualquier procedimiento político para impulsarla. Si el Partido Socialista pretendía llevarla a cabo, como ahora se confirma, no se entiende que la haya excluido de forma explícita del programa electoral, puesto que sí estaba cuatro años antes, para luego recuperarla en su congreso. Los ciudadanos convocados a las urnas el 9 de marzo pasado tenían derecho a pronunciarse sobre esta iniciativa. Y ahora los socialistas tendrían un argumento más para defender la reforma, y la oposición, uno menos para atacarla. Aceptar como imperativa la resolución sobre el aborto aprobada en el cónclave de un partido, supone, por otra parte, trasladar la impresión de que el mandato de un Gobierno no procede exclusivamente de los ciudadanos, sino también del grupo político que le apoya.

El motivo de fondo que parece haber inspirado esta manera de actuar no parece otro que evitar una asunción clara de responsabilidades. El esquema se repite al llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. El Gobierno rehuye presentar la reforma como un proyecto de ley y desea hacer copartícipes de la decisión al resto de los grupos, creando una subcomisión parlamentaria. La búsqueda de consenso es, sin duda, aconsejable en materias de tanta trascendencia. Pero la experiencia indica que, al final, será la mayoría política en el Congreso (y no el PP o los obispos) la que saque adelante el proyecto, que goza de amplio respaldo en la sociedad española.

Por ello, resulta de desear que el embrollo de procedimiento y las vacilaciones de los socialistas no afecten finalmente al objetivo de la reforma: una ley de plazos que dé seguridad a las mujeres, y que acabe con la vergüenza de las campañas antiabortistas de los últimos meses.