Un buen primer paso

La iniciativa de elaborar un anteproyecto con el fin de garantizar una muerte digna, mediante el cual se da simultáneamente respuesta al ejercicio de derechos por parte de los pacientes y de sus familias y seguridad a los médicos y demás personal sanitario que tienen la obligación de atenderlos, es un buen primer paso para enfrentarnos a una cuestión muy espinosa. En este sentido creo que es de justicia reconocer el trabajo de la consejera de Salud, que está dando muestras, y no solamente en este asunto, de una valentía sobresaliente.

Creo, sin embargo, que nos encontramos únicamente ante un primer paso. Está bien el anteproyecto de ley, está bien el consenso que parece estar constituyéndose en torno al mismo, a tenor de la información que estamos teniendo por los distintos medios de comunicación y es, además, el paso que puede dar una comunidad autónoma, ya que para coger el toro por los cuernos y regular la eutanasia sería necesaria la intervención de las Cortes Generales.

Y aquí es donde hay que llegar. No he entendido nunca muy bien por qué ha habido tanta resistencia a reconocer el derecho a la vida desde una perspectiva negativa, es decir, para reconocer el derecho a la propia muerte. La vida entra dentro del círculo de la libertad personal y no hay, en principio, ninguna razón jurídica para negar a un individuo el derecho a poner fin a su vida. Podrá haber razones de naturaleza religiosa o filosófica, pero no jurídicas.

Digo derecho y no libertad. Porque libertad para poder poner fin a la vida la tenemos. El suicidio no está tipificado como delito. De lo que se trata es de tener derecho, es decir, de poder recabar la ayuda de la sociedad para el ejercicio del mismo. Un ciudadano no tiene por qué tener que poner fin a su vida de manera vergonzante, en condiciones de clandestinidad, sino que tiene que tener derecho a poder estar acompañado y ser asistido en un momento tan extraordinariamente difícil.

Es obvio que la sociedad podrá regular las condiciones del ejercicio de tal derecho a la muerte y determinar en qué supuestos y de qué forma el individuo puede solicitar y obtener el concurso de la sociedad. Pero una negación absoluta del derecho a la muerte, no se entiende muy bien en qué razonamiento de tipo jurídico puede descansar.

No existe ninguna razón jurídica, ni sustantiva ni procesal, para que una sociedad no regule la eutanasia. Se podrán regular las condiciones en las que los ciudadanos pueden ejercer su derecho, pero ante una manifestación de voluntad clara e inequívoca de poner fin a la propia vida de una persona en pleno uso de sus facultades mentales, no tiene por qué no producirse una respuesta por parte de la sociedad.

Espero que el debate sobre la eutanasia, que ya está abierto desde hace algún tiempo, ocupe un lugar destacado en la agenda política de los próximos años. No debería demorarse una respuesta compasiva y civilizada a un problema que angustia a una enorme cantidad de ciudadanos.

Mientras tanto, bueno es que se adopten iniciativas como el anteproyecto de ley que está siendo estudiado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que será remitido próximamente al Parlamento para su aprobación. Sin duda son numerosas las situaciones de angustia que se van a ver paliadas con la entrada en vigor de la ley, así como también mucha la inseguridad jurídica que se evitará para los profesionales sanitarios. Tras lo ocurrido en el Hospital de Leganés, estoy seguro de que muchos pacientes y médicos andaluces habrán experimentado una sensación de alivio.