Adega inicia una campaña judicial y en la calle contra el Plan Acuícola

Denuncia ante las autoridades pesqueras y medioambientales de la Unión Europea, iniciativa legislativa popular en el Parlamento gallego, amenaza de recurso en el juzgado contencioso administrativo y mociones en los plenos de los ayuntamientos afectados por el plan acuícola. Pero, sobre todo, oposición frontal en la calle contra todas y cada una de las 24 piscifactorías (11 ampliaciones y 13 nuevas granjas marinas) que proyecta la Xunta.

El colectivo ecologista Adega anunció ayer una guerra en todos los frentes contra el plan acuícola porque "Touriño y la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, han ganado sólo la primera batalla". "Llegaremos hasta el final, nos colocaremos delante de las máquinas y veremos si este Gobierno progresista quiere repetir expropiaciones como las de As Encrobas con los antidisturbios", amenazó ayer Fins Eirexas, secretario ejecutivo de esta organización afín al BNG.

"Touriño y Gallego sólo han ganado una batalla", dicen los ecologistas

"Cada nuevo empleo creado costará al bipartito 195.000 euros"

Los representantes de Adega acompañados por miembros de plataformas vecinales de Corrubedo, Camelle y Carnota, no ahorraron descalificaciones contra el bipartito, al que culpan de haber programado "a medias con Fraga" un mapa acuícola que "destruirá tres millones de costa en Galicia". "Touriño ampara el marco legal para la destrucción del litoral, Gallego no sabe qué es la sostenibilidad y el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, actúa de forma cobarde por no devolver el plan a la consellería de Pesca, pese a que su memoria medioambiental denuncia un enorme volumen de vertidos orgánicos y químicos", acusó Irexas.

"La naturaleza no entiende de ampliaciones o nuevas plantas y se va a invadir la Red Natura, hay una grave afección de 540.000 metros cuadrados de espacios naturales a pie de costa", argumentó Martiño Fiz, representante de Adega, quien se preguntó si la Unión Europea sabe en qué invierte Galicia los fondos comunitarios. El colectivo ecologista está dispuesto a revelar su destino con sendas denuncias ante los comisarios de Pesca y de Medio Ambiente. Según sus cuentas, la Xunta "regalará 390 millones de euros de los fondos europeos a las transnacionales para crear 500 puestos de trabajo".

Los cálculos de Adega salen de dividir las 525 personas que actualmente trabajan en la acuicultura gallega entre las 27 plantas y hacer una proyección sobre los nuevos parques. "Cada puesto de trabajo saldrá a 195.000 euros", protestó antes de animar a la conselleira Gallego a invertir todo ese dinero para fomentar la pesca y el marisqueo. Lamentos todos refrendados por las plataformas de Corrubedo, Carnota y Camelle que anticiparon su disposición a agotar "todas las vías posibles para impedir la invasión" de su costa. Como primera medida, Adega prevé denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente a las actuales piscifactorías porque "según Augas de Galicia carecen de permisos de vertidos".

Mientras los servicios jurídicos de la organización últiman un recurso contencioso administrativo que se apoya en presuntas vulneraciones por parte del bipartito de la ley de protección del paisaje, Adega invita a los ayuntamientos afectados para que declaren espacios naturales de interés local en las ubicaciones previstas, una figura que prevalece así sobre planes urbanísticos y sectoriales.

El primer municipio en debatir esa moción a finales de este mismo mes -a propuesta del BNG- será el de Ribeira donde la Xunta prevé una nueva planta (Laxo Brava) en las inmediaciones del parque natural de Corrubedo.