Un curso caliente

Hace un año la economía española crecía al 4% y se hablaba de la posibilidad de alcanzar el pleno empleo a medio plazo, lo que permitiría financiar nuevos objetivos sociales. La realidad actual es una economía próxima a la recesión y una tasa de paro que vuelve a ser la más alta de la UE. Tras 14 años de fuerte crecimiento, con Gobiernos de distinto signo, el actual se enfrenta a problemas políticos incubados en el periodo anterior pero que deberá abordar en peores condiciones: sin la posibilidad de neutralizar resistencias y ganarse aliados mediante contrapartidas pagadas con fondos públicos.

La crisis, su intensidad, no sólo ha tomado por sorpresa al Gobierno español; ningún país estaba preparado para algo así. Lo singular del nuestro es que las primeras medidas adoptadas para hacerle frente fueron aquí, en parte por razones electoralistas, poco adecuadas para atacar la principal causa del deterioro: la pérdida de competitividad derivada de un modelo de crecimiento sustentado en la construcción y otras actividades con poco valor añadido.

Es fácil criticar, pero hace 15 años se consideraba que lo fundamental era acabar con un paro que doblaba el de la UE. Había razones objetivas para que se desarrollara un modelo intensivo en empleo, y los bajos tipos de interés decididos por el Banco Central Europeo acabaron dirigiendo las cosas hacia el sector inmobiliario. Pero cuanto más aumentaba el PIB de acuerdo con ese patrón de crecimiento, más productividad perdía la economía española, atrasando el cambio de modelo y preparando las condiciones para el estancamiento actual.

La crisis, con un paro del 11%, tres puntos por encima de la media europea, obliga a abordar ahora lo que no se hizo antes: inversión prioritaria en formación y tecnología, reforma del mercado laboral y liberalización de los servicios. Se necesita también un equilibrio entre la austeridad en el gasto público (de acuerdo con los menores ingresos fiscales) y el mantenimiento de la cobertura de los que pierdan su empleo; es decir, se necesita un pacto social que permita repartir lo más equitativamente posible los costes de la reforma en un clima de paz social.

Y se necesita un clima de estabilidad política. En primer lugar, unos acuerdos que permitan aprobar unos Presupuestos aptos para combatir la crisis en el sentido dicho. El Gobierno recortó en las últimas elecciones la distancia que le separaba de la mayoría absoluta a sólo siete escaños, y no se planteó acuerdos estables con ningún grupo en concreto. Pero los potenciales aliados tampoco se han mostrado muy interesados, excepto como elemento de presión para otros objetivos como una mejora en la financiación de la propia autonomía.

Esta mezcla perjudica el acuerdo en ambos terrenos. Si la contrapartida es de ese tipo y se produce sin un acuerdo previo de conjunto sobre financiación autonómica, se está propiciando una dinámica de agravios comparativos difícil de contener. Da la impresión de que esos aliados potenciales están mal acostumbrados por los años de bonanza; terminada ésta, sería contradictorio buscar apoyos a unos Presupuestos austeros mediante aumentos no justificados del gasto.

La previsible reducción de ingresos públicos dificulta también el acuerdo sobre financiación. Ya no es posible hacer una concesión a una comunidad en particular que luego se generaliza a las demás, como en el sistema aprobado en 1996 tras los acuerdos del PP con CiU. Especialmente si cada comunidad plantea criterios de fijación de sus ingresos en función del parámetro que más le conviene. En ese sentido puede decirse que la crisis condiciona la solución de los problemas políticos, pero también que los problemas políticos enquistados dificultan la superación de la crisis.