El PSE intenta garantizar el voto del PNV a los Presupuestos Generales

El PSE abrió ayer el curso en Bilbao situando la debilitada economía vasca como el principal objetivo de sus actuaciones. Por encima incluso del complicado panorama que se avecina con la anunciada consulta soberanista del lehendakari para el 25 de octubre y la previsible respuesta política del tripartito vasco (PNV, EA y EB) si el Tribunal Constitucional la desautoriza. Los socialistas quieren compatibilizar un discurso constructivo en temas económicos y sociales, "para que los ciudadanos no sean los paganos de la crisis", con una denuncia implacable de la deriva autodeterminista del Gobierno autonómico.

En ese contexto, el coordinador de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, oficializó ayer la oferta al Ejecutivo, anunciada el domingo por Patxi López en una entrevista, para llegar a un acuerdo sobre las cuentas vascas para 2009. Y aunque pidió un "cambio de rumbo", vinculó el acuerdo a los contenidos del presupuesto, y no a improbables rectificaciones ideológicas. De alcanzarse, serían los cuartos presupuestos de Ibarretxe que apoya el PSE, pese a presentarse como alternativa viable en las próximas elecciones autonómicas.

Doble motivación

El ofrecimiento de los socialistas tiene una doble motivación: demostrar que son capaces de consensos más allá de discrepancias ideológicas y, al mismo tiempo, cubrirse las espaldas ante la posibilidad de que el Gobierno requiera el apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales en el Congreso. De hecho, los peneuvistas se presentan como uno de los apoyos para Zapatero -ya se han establecido contactos entre ambas partes- y el PSE no quiere que su respaldo a las últimas cuentas de la legislatura en Euskadi aparezca como una consecuencia forzada de un acuerdo alcanzado en Madrid.

Los socialistas pedirán al lehendakari que dé un impulso al diálogo social, y le propondrán lanzar un plan que impulse la vivienda pública en momentos difíciles para las personas con menos recursos.

Junto al adelanto de los plazos de la obra pública, que ya iniciaron las administraciones vascas con el plan extraordinario interinstitucional anunciado por el lehendakari en junio, Ares apostó por el gasto social. "Hay que impulsar, por una parte, la política que afecta a los ciudadanos más desprotegidos, y por otra parte, al tejido industrial de las pequeñas empresas", señaló.