Sanción récord a Ascó por la fuga radiactiva que ocultó cuatro meses

La fuga de Ascó les va a salir a Endesa e Iberdrola por entre 9 y 22,5 millones de euros. Es la sanción que propuso ayer el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al Ministerio de Industria, encargado de decidir la cuantía final de la multa. Pero el ministro Miguel Sebastián ya ha anunciado su intención de imponer el castigo más duro posible por la gestión del incidente, ocurrido en noviembre y ocultado durante más de cuatro meses.

La multa bate con mucho el récord en España -se penalizó con 1,6 millones a Vandellòs en 2006-, pero fue considerada escasa por las organizaciones ecologistas.

En 2006, Vandellòs fue penalizada con 1,6 millones, 14 veces menos que ahora

Industria ya anunció que aplicará a Endesa el castigo máximo

Ascó I (Tarragona) incurrió en seis infracciones, según acordó el pleno del CSN reunido ayer. Los cinco consejeros debatieron el asunto ya el 30 de julio, pero entonces los dos propuestos por el PP pidieron más tiempo para analizar el expediente. Ayer concluyeron por unanimidad las seis faltas que cometió la central -no llegó a haber votación-.

La más grave (multada con entre 4,5 y 9 millones de euros) fue la cadena de errores que originó la fuga "con potencial superación del límite anual de dosis para miembros del público dentro del doble vallado de la central". Es decir, que el escape, minimizado por la planta, pudo exponer al público a dosis mayores de las permitidas, aunque no se detectaron en ninguno de los cientos de análisis practicados a las personas que por allí pasaron, incluidos grupos de escolares.

La segunda infracción se debe a que "una vez descubierta la contaminación" la central no estableció sistemas de control para ver si había afectados ni aisló el lugar. Esta sanción oscilará entre 1,5 y 4,5 millones de euros. Pero el consejo también ha considerado graves otras dos actuaciones. La primera, que la central nunca informó al CSN del incidente. Y no pensaba hacerlo. El inspector del Consejo se enteró el 3 de abril, cuatro meses y siete días después de la fuga, de casualidad porque un operario le alertó cuando el inspector salía de la sala de control. La segunda se debe a que la planta "no dejó constancia en los registros de vigilancia en las zonas de libre acceso". Según la inspección del CSN, la central dio orden a los trabajadores para que no anotaran en los registros si hallaban una partícula radiactiva.

Y las dos sanciones leves (de 15.000 euros cada una) se establecen por no informar de la puesta en marcha de uno de los sistemas de emergencia y por permitir, el 21 de abril, la salida de un camión con chatarra radiactiva.

Ahora es Industria quien, tras escuchar las alegaciones de la empresa, debe decidir la cuantía de la multa. Pero el ministro Miguel Sebastián ya anunció en el Senado que defendería "la sanción más dura para Ascó".

Si es así y la central se ve obligada a pagar los 22.530.000 euros superará con mucho la multa de 1,6 millones de euros impuesta en 2006 a Vandellòs II, propiedad de la misma filial de Endesa e Iberdrola, aunque la gestión corresponde a la primera. En el aumento de la suma influye principalmente la reforma de la Ley de Seguridad Nuclear, que multiplicó por 10 las sanciones a las centrales.

La nuclear adelantó ayer que presentará alegaciones, aunque no quiso opinar sobre la sanción. Fuentes del CSN, que quiso lanzar un mensaje de firmeza en materia de seguridad nuclear, explicaron que a la central no le sentó nada bien el expediente. El Consejo pone a Ascó y a Vandellòs como ejemplo de mala gestión.

Tampoco los ecologistas quedaron satisfechos. Consideraron insuficiente la multa. "Si hay un riesgo grave para la salud, y aquí lo hubo, es sanción muy grave", dijo el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo. "Siguen empeñados en reconocer que hubo impacto radiológico y minimizan el suceso", añadió. Y criticó que se considere infracción leve la salida de un camión con chatarra radiactiva.

Más allá fue Ecologistas en Acción, que reclamó que el Gobierno cierre ya la central, que comenzó a producir electricidad en 1984 e inicialmente podría funcionar hasta 2024.

El diputado de ICV, Joan Herrera, compartió algunos de los argumentos esgrimidos por los ecologistas. Criticó que la infracción no fuese calificada como "muy grave", algo que habría acarreado una multa de hasta 30 millones de euros (a lo que habría que sumar el resto de las infracciones). Herrera intentó en el Congreso, sin éxito, que las sanciones a las nucleares dependieran de lo que ganan para disuadirlas realmente de ocultar los incidentes.

Por su parte, CiU pidió que la multa se invierta en la comarca de la central. "Tenemos tranquilidad en la seguridad, pero desconfianza en la comunicación y transparencia informativa", explicó el diputado Jordi Jané. El PSOE aplaudió la sanción.