Cataluña marca el ritmo político
La negociación de la financiación condiciona los próximos Presupuestos
El debate sobre Cataluña marcó la pasada legislatura, sobre todo en su primera mitad, y condicionará aún más ésta por los flecos que quedaron pendientes del Estatuto y por la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Casi todas las combinaciones de acuerdos en la Cámara llevan al PSOE a mirar a Cataluña.
El primer asalto es el de la financiación, pero le seguirán otros como el del desarrollo estatutario en asuntos como la Justicia, que requieren leyes orgánicas, y el resultado del recurso en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto. Ese escenario está condicionado por la estrategia de cada partido.
- PSOE. El equilibrio con el PSC. Está obligado a hacer compatibles los intereses contrapuestos de las comunidades que gobierna, sin incumplir el Estatuto de Cataluña y sin irritar en exceso a barones territoriales como los de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Se volcó con Cataluña en la anterior legislatura y los electores lo agradecieron con 25 diputados del PSC, pero su objetivo ahora es mejorar posiciones en Madrid o Valencia, donde les hizo daño el trámite del Estatuto catalán. El Gobierno necesita sacar adelante los Presupuestos del Estado y, obviamente, no provocar la rebelión del PSC. Está obligado al acuerdo porque si no se vería forzado a prorrogar las cuentas, lo que tendría consecuencias nefastas. Su problema es que la crisis económica limita su margen de maniobra para mejorar la financiación. De cómo se resuelvan la financiación y el desarrollo del Estatuto dependerá que pueda cerrar un acuerdo de estabilidad parlamentaria con CiU.
- PP. Sin solución propia. El partido de Mariano Rajoy está en pleno viaje desde lo que se tachó de anticatalanismo en la anterior legislatura a la integración en la política catalana. Todo ello sin renunciar a su prolijo recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto. No tiene posición propia sobre financiación, más allá de la de las distintas comunidades en función de sus intereses. Por ejemplo, Francisco Camps, poderoso barón regional de Valencia, comparte la posición de Cataluña. Tiene ahora a favor la posibilidad de reunir votos de otros grupos en contra del Gobierno para ponerle en apuros, como hizo con las comparecencias de Zapatero y Solbes sobre la crisis.
- CiU. Condiciones y condiciones. "Para el Gobierno somos casi como la última coca cola del desierto", asegura un diputado de CiU para explicar que forman el único grupo que por sí solo garantiza la aprobación de los Presupuestos. La condición que han puesto para ese voto es la de la financiación, junto a otras que ve susceptibles de acuerdo como la inversión en Cataluña, el presupuesto en I+D+I y medidas de apoyo a la economía productiva. Fuentes de la dirección de CiU dan por hecho que habrá una contraoferta del Gobierno en septiembre que permita el apoyo de su grupo a los Presupuestos. Recuerdan que, en 2000, el Gobierno de José María Aznar desencalló la negociación poniendo sobre la mesa 12.000 millones de pesetas para todas las comunidades autónomas. Ahora entienden que la crisis limita esa actuación, pero ven margen de maniobra al poder diferir la financiación a varios años.
- ICV, ERC e IU. Apoyo complicado. Su apoyo a los Presupuestos es muy complicado y así se lo hicieron saber a Zapatero a principios de agosto. Consideran que la política económica en esta legislatura se aleja de la izquierda y el Gobierno los ve como socios ocasionales en normas determinadas. Solos no completan mayoría absoluta.
- PNV. Lejos aunque no le afecte. No le afecta la financiación, pero su posición está muy alejada de la del Gobierno por el rechazo a la consulta de Ibarretxe y la proximidad de las elecciones vascas. Las intervenciones de sus diputados han sido las más críticas contra el Gobierno de la legislatura recién iniciada.
- BNG. El más cercano al PSOE. Es socio estable del PSOE en Galicia y es el que más cerca ha estado del Gobierno en lo que va de legislatura. Sólo la proximidad de las autonómicas podría distanciarles estratégicamente.
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