El banco de la Generalitat aumenta un 44% la dotación para morosidad

La inquietud del Gobierno catalán por las dificultades de las empresas viables para acceder a financiación bancaria en estos tiempos de sequía de crédito, ha convertido al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un instrumento clave en el actual contexto. Tras ampliar en 500 millones de euros la capacidad de endeudarse de la entidad de crédito público de la Generalitat, el endeudamiento autorizado para el ICF asciende a casi 4.000 millones de euros. El volumen de endeudamiento de la entidad, cuyo cometido es ayudar a financiar proyectos estratégicos de empresas radicadas en Cataluña y que inviertan en la comunidad, era, a 30 de junio pasado, de 2.649,3 millones. El recorrido que tiene por delante para endeudarse supera ahora los 1.000 millones. A pesar de que el banco de la Generalitat no prevé un repunte significativo de los créditos que no le pueden devolver las empresas, la cantidad destinada a provisiones por si aumenta la morosidad se ha elevado en un 44%, y ha pasado de 9 a 13 millones de euros. La morosidad, cuyos niveles se están duplicando en los bancos privados y las cajas de ahorros, ha subido una décima respecto al año pasado, hasta situarse en el 2%, y el ICF prevé que, a finales de año, el porcentaje repunte ligeramente, sin superar el 2,5%.

Antoni Castells está preocupado por la dimensión de las firmas catalanas

El recorte en los bancos aumenta el interés de empresas por el crédito oficial

La semana pasada, por la junta de gobierno del ICF, que preside Andreu Morillas, pasaron las cuentas de la entidad financiera pública al cierre del primer semestre del año, que todavía no se han difundido. En el ICF se habla de "normalidad", de "tranquilidad" en la actividad ordinaria, tanto por el tipo de operaciones y de clientes que llaman a su puerta como por los indicadores de impagados. Sin embargo, el volumen de crédito aprobado en los primeros seis meses del año, al margen del ritmo que luego sigan los desembolsos en la práctica, es muy superior (31%) al que se había registrado en los primeros seis meses de 2007 y roza los 400 millones de euros. "Nosotros no hemos cerrado el grifo", aseguran fuentes de la institución, cuyo consejero delegado es José María Ayala. Pero no se trata de que las operaciones de financiación se hayan disparado, sino de que aquellas en las que ha participado son de mayor envergadura, siguiendo la tendencia contraria a la del año pasado, en que la cuantía de la operación media descendió de 2,8 millones en 2006 a 1,3 millones en 2007.

Sin llegar a definir la situación como una avalancha, la entidad sí ha notado el acercamiento de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que llaman a su puerta tras sufrir la restricción en la financiación, mucho más selectiva, rigurosa y cara del sector financiero privado.

Para el conjunto del año 2008, el ICF prevé una actividad inversora similar a la del año anterior; es decir, en torno a 1.060 millones de euros, aunque la inversión total en cartera está previsto que suba casi un 25%. La actividad actual se sitúa ligeramente por encima de los niveles récord alcanzados por la institución en 2003, año del cambio de inquilinos en el Palau de la Generalitat. Los socialistas, entonces en la oposición, habían acusado a CiU de convertir el ICF, a las puertas de las elecciones de noviembre de ese año, en una máquina de favores, traducidos en apoyo financiero, para empresas incluso poco viables (975 millones de euros).

Uno de los efectos de la crisis es la menor participación del ICF en créditos sindicados, que suelen ser de cuantías muy voluminosas y pactarse con un grupo de entidades financieras, debido precisamente a la escasez de grandes operaciones en el mercado. El peso tradicional de las operaciones sindicadas suele ser de un tercio (los otros dos tercios son bilaterales entre el ICF y una empresa).

El ICF ha aprobado operaciones por 23,5 millones en cuatro meses para ayudar a empresas catalanas a ganar tamaño, y estudia operaciones por 20 millones, según fuentes de la entidad. El Gobierno catalán dio luz verde el pasado 18 de marzo a una nueva vía de préstamos del ICF de hasta 150 millones de euros con el fin de favorecer las fusiones y las compras de empresas.

Estos préstamos, de 1 a 15 millones de euros, pueden ser ordinarios o participativos (en este último caso, el ICF tiene derechos económicos sobre los beneficios de la compañía a la que presta dinero), y los plazos de amortización llegan a los 15 años, incluidos dos de carencia. La falta de tamaño de las empresas catalanas es una de las preocupaciones del consejero de Economía, Antoni Castells, ya que en el contexto de globalización actual, la dimensión es un factor de competitividad. Esta línea de créditos ha sido la primera iniciativa concreta que la Generalitat ha puesto sobre la mesa.

Los usos del ICF se multiplican. A mediados de junio pasado, la Generalitat abrió a través de esta entidad líneas de financiación para promotores inmobiliarios que quieran comprar suelo destinado a vivienda de protección oficial o a la urbanización para pisos de alquiler.

Otra línea de actividad, aún pendiente de aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es la apuesta por las cooperativas. El ICF es una de las entidades financieras que participan, junto a tres cajas de ahorros, dos grupos franceses y el grupo de cooperativas catalanas Clade, en la nueva sociedad Sicoop. Esta sociedad de capital riesgo invertirá exclusivamente en proyectos relevantes en el ámbito de las cooperativas, con partidas de entre 300.000 y 1,5 millones de euros.

ICF Crèdit, por su parte, lleva ya ofrecidos 977 millones de euros en créditos en condiciones preferentes para pymes. Funciona desde hace tres años. La última dotación, anunciada hace pocos días, creció el 20% hasta 300 millones de euros. Economía quiere emplearla para ayudar a minimizar el impacto de la crisis.