Una ley de educación hipotecada

El Gobierno catalán acaba de aprobar el anteproyecto de su nueva ley de educación, con la oposición de algunos partidos y sindicatos, la patronal y buena parte del profesorado. Y dudo que cambie mucho durante el trámite parlamentario.

Nacerá, pues, hipotecada en su aplicación y condenada a ser cambiada en cuanto sean otros los que manden. Lo mismo ha pasado con la estatal LOE. El problema de nuestras leyes educativas es que no pueden ser aprobadas por consenso, porque en las mismas se anteponen los condicionantes ideológicos a los que favorecen el esfuerzo y la calidad pedagógica; y también prima más en ellas la intención de imponer un sistema único de tipo estatalista que el respetar la autonomía de los centros y la libertad de elección de los padres.

Para tener leyes duraderas, éstas deben establecer unos contenidos mínimos y unas normas que aseguren su calidad pedagógica, pero luego ser muy flexibles en su aplicación, respetando la autonomía de los centros para fijar su proyecto educativo y la libertad de las familias para escoger el centro y el tipo de educación que prefieran.

Y mejor si se instaura el cheque escolar que garantice una libertad de elección igual para todos. Lo que propugno no es algo ilusorio; ya funciona así en Suecia. Además, estoy convencido de que una sana competitividad favorecerá la excelencia educativa.