El Gobierno aprueba hoy dividido la Ley de Educación de Cataluña

Un tanto inadvertido por el debate de la financiación, que monopoliza la política catalana, el tripartito se enfrenta al episodio de división interna más grave que ha sufrido en toda la legislatura. Si no hay cambios de última hora, el Gobierno aprobará hoy la Ley de Educación de Cataluña (LEC) con la oposición sin paliativos de uno de sus socios, Iniciativa-Esquerra Unida. El desmarque de los ecosocialistas de Joan Saura lo aprobó ayer la ejecutiva de ICV por considerar que el texto del proyecto de ley perpetúa la doble red pública-privada y no establece "garantías de gratuidad" en todos los colegios financiados con fondos públicos.

El plante de Iniciativa es el colofón del alud de protestas que ha recibido el texto que ha reescrito mil veces el Departamento de Educación, dirigido por el socialista Ernest Maragall. Los sindicatos e Iniciativa aseguran que cada nueva versión del anteproyecto de ley se alejaba más que la anterior del espíritu del Pacto Nacional por la Educación. Pero también las patronales de la escuela concertada se oponen al texto, aunque por motivos radicalmente opuestos a los de los sindicatos. Los representantes de la escuela concertada consideran que la ley no garantiza el derecho de elección de los padres.

Los centros públicos y concertados rehúsan la última versión del escrito

Sea como sea, la división se expresará hoy con toda crudeza en la reunión del Consell Executiu. El consejero de Interior, Joan Saura, se ahorrará la papeleta de oponerse a una ley de su propio Gobierno porque no asistirá a la reunión de hoy. A la misma hora, Saura se encontrará en Madrid, en la reunión de la comisión mixta de transferencias. Sí estará en la Generalitat el otro consejero de ICV, Francesc Baltasar, quien explicará a sus compañeros de Gabinete los motivos de la oposición de ICV. Saura ya se los expuso personalmente al presidente José Montilla en al almuerzo que mantuvieron ayer como casi cada lunes. Fuentes de ICV sostienen que no se sienten solos en su oposición al proyecto. "Algunos cargos electos del PSC nos apoyan", explicaron ayer fuentes del partido. Sin embargo, fuentes de la dirección del PSC aseguran que todos los miembros de la reunión de la ejecutiva de ayer cerraron filas en torno a Ernest Maragall.

Sólo hay un precedente reciente de lo que ocurrirá hoy en el Consell Executiu. Fue en la recta final de la anterior legislatura, cuando Esquerra Republicana ya había sido expulsada del Gobierno y el PSC se empeñó en aprobar el Plan Nacional de Infraestructuras, que incluía obras polémicas como el Cuarto Cinturón y la interconexión eléctrica con Francia. Los consejeros de Iniciativa se opusieron al plan, pero éste siguió adelante, pues todos los consejeros socialistas votaron a favor.

Hoy no se prevé que haya votación. Baltasar se limitará a exponer que no comparte el proyecto de Ernest Maragall. La portavoz del partido, Dolors Camats, enumeró ayer los motivos del desacuerdo. "La ley debería garantizar la gratuidad y la corresponsabilización de todos los centros educativos financiados con fondos públicos", dijo Camats.

Es también la única exigencia en común de sindicatos y patronales. Ambos están divididos por cómo define la ley el servicio educativo: la última redacción no habla de "servicio de interés público", expresión que molestó a los centros públicos sin satisfacer a los concertados; ni de "servicio público", opción preferida por los primeros. La enésima versión se limita a hablar de "servicio de educación de Cataluña", seguido de un párrafo que avala ambas definiciones anteriores. Sindicatos y patronales ya avisaron ayer de que lo rechazarán.