ETA destituye al jefe de sus presos para recuperar el control en las cárceles

ETA ha destituido al responsable del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) en las prisiones y ha impuesto que esa función la asuma exclusivamente un dirigente de la banda terrorista. Con esta medida, la organización terrorista trata de reforzar su disciplina sobre un colectivo en el que, en las últimas semanas, ha crecido la disidencia, según fuentes antiterroristas.

Algunos internos han comenzado a pagar sus fianzas, contra la orden de la cúpula

Numerosos presos etarras (580 en España y 166 en Francia, la mayor cifra de reclusos en la historia de la banda) se han manifestado contra la orientación estratégica de la dirección de ETA tras la ruptura de la tregua, en junio de 2007, y contra el trato discriminatorio que reciben unos reclusos respecto a otros, sobre todo en cuanto al pago de fianzas para salir de prisión. Es la expresión de un malestar existente también en la izquierda abertzale por la ruptura de la tregua de ETA.

Pero los presos y sus familiares son el sector más sensible y con más capacidad de movilización del entorno de la organización terrorista. Por eso, la dirección de ETA no puede permitirse el lujo de que cunda el malestar entre sus reclusos.

Consciente de ese clima enrarecido, ETA ha hecho llegar a los presos, a través de una ronda de visitas de sus abogados a las prisiones, instrucciones para mantener vivas la disciplina y la ortodoxia. Una disciplina que transmite, también, a través de sus documentos -Zutabe o Ekia-, introducidos en las prisiones de forma clandestina.

Las instrucciones de la dirección de ETA a sus presos -algunas ya conocidas, pero cuya vigencia recuerda ahora la banda- abarcan desde la obligación de negar la legitimidad de los tribunales y magistrados hasta la prohibición de solicitar permisos o pases a diferentes grados penitenciarios.

Los abanderados del malestar político hacia la orientación estratégica de ETA siguen siendo presos como José Luis Álvarez Santacristina Txelis, Kepa Picabea, Francisco Múgica Pakito y Carlos Almorza Pedrito de Andoain, todos ellos jefes indiscutibles de la banda en los años ochenta. Sus tesis ganan cada día mayores adeptos, aunque pesa aún el temor a expresar la oposición a la dirección de la organización. Un temor asociado al recuerdo del asesinato por la propia banda de su ex dirigente Dolores González Catarain Yoyes, hace más de veinte años, por reintegrarse a la vida normal y desatender la disciplina de la dirección.

Para reforzar esa disciplina, los dirigentes del Colectivo de Presos Políticos Vascos anunciaron, a comienzos de año, la expulsión de Pikabea y Txelis por su disidencia con la continuidad del terrorismo. Pero ellos mismos se encargaron de advertir que habían abandonado el colectivo antes de ser expulsados.

En un número creciente de presos se ha extendido el sentimiento de frustración por la "nefasta gestión" del proceso de final dialogado del terrorismo que realizaron los dirigentes de ETA, tras las expectativas que había generado en la mayoría de ellos. Y, también, por no haber sido consultados durante su transcurso y en la decisión de ruptura de la tregua.

Hay que tener en cuenta, además, que los presos etarras están sometidos a largas condenas, sobre todo los autores de los atentados más graves de los años ochenta, por la aplicación de la doctrina Parot. Esta doctrina señala que la redenciones penitenciarias, en vez de aplicarse a los 30 años máximos de cárcel, serán descontadas de la totalidad de la condena impuesta al reo.

La frustración de los presos se ha incrementado aún más por la debilidad de ETA y de sus jefes, mermados por la eficacia policial. Los últimos golpes propinados por las fuerzas de seguridad incluyen la detención de uno de sus dirigentes, Javier López Peña (el 20 de mayo, en Burdeos), y la desarticulación esta misma semana del último comando, el Vizcaya, que la organización activó tras la ruptura oficial de la tregua, en junio de 2007.

Otro elemento de disensión importante procede del trato discriminatorio, favorable a unos presos sobre otros, en el pago de las fianzas. Mientras a unos se les exige, en cumplimiento de la disciplina impuesta en las últimas instrucciones de la dirección etarra, que no paguen las fianzas, a otros se les tolera que lo hagan.

Así, 26 de los 27 encausados en el sumario 33/01, que sigue la vinculación de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna con ETA, disfrutan de libertad provisional, tras pagar fianzas muy elevadas, de entre 70.000 y 30.000 euros. La fianza de uno de ellos, Juan María Olano, portavoz de Askatasuna y antiguo miembro de la Mesa Nacional de HB, ha sido pagada por la propia organización. El desarrollo del juicio por el sumario 33/01 tampoco siguió las normas impartidas por la dirección de ETA al colectivo de presos. No hubo desafíos al tribunal, como exige la dirección de la banda.

El conocimiento de estos hechos en las prisiones generó un gran malestar entre los presos y sus familias, que consideran que existe un trato favorable hacia los que "mandan desde el despacho".

Una primera consecuencia de ese doble rasero ha sido que varios miembros de ETA encarcelados han contravenido las instrucciones de su dirección y han abonado las fianzas para obtener la libertad provisional. Así lo han hecho los encausados por el sumario 18/98 contra KAS-EKIN-XAKI: Olatz Altuna, Juan María Mendizábal, Elena Beloki, Javier Salútregi y Juan Pablo Diéguez.

Además, también, son varios los presos que se plantean acogerse a medidas más favorables de la legislación penitenciaria e incluso a la asistencia de abogados alejados de la órbita etarra, cosa que también contraviene las instrucciones impartidas por la dirección. Asimismo, empieza a ser habitual la participación de reclusos en actividades organizadas por la Administración penitenciaria.