Ocho países acuerdan el reconocimiento mutuo de divorcios

España y otros siete países comunitarios anunciaron ayer que lanzarán un procedimiento inédito en la UE para cooperar en el reconocimiento mutuo de las sentencias de divorcio y facilitar el trámite a parejas de distinta nacionalidad o que viven en un país extranjero.

A este grupo, integrado por España, Italia, Luxemburgo, Austria, Rumanía, Grecia, Hungría y Eslovenia, se unirá también Francia, que es favorable a la iniciativa, aunque no ratificó su posición para mostrar imparcialidad en el ejercicio de la Presidencia de turno comunitaria. Portugal, Holanda y Finlandia se manifestaron en contra, porque consideraron que la iniciativa divide a la UE en materia de derecho familiar.

El procedimiento de cooperación reforzada, previsto en los tratados comunitarios pero nunca utilizado hasta ahora, prevé que al menos ocho Estados miembros comiencen a aplicar las medidas entre sí y más tarde se estudie una posible extensión al resto de la UE.

Las reticencias a emplear este mecanismo se deben al temor de ofrecer una idea de división o de una Europa a dos velocidades, si bien ésta tiene precedentes tan claros como la zona euro, que utiliza la moneda, o la zona Schengen, que suprime controles fronterizos. El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo que esta iniciativa crea "un precedente" que no debe alarmar a nadie, porque "está prevista en los tratados" y se usa "a favor de los ciudadanos europeos" y para resolver mejor el problema del divorcio en parejas de distinta nacionalidad.

El divorcio de parejas de distintas nacionalidades suponen ya el 20% de todos los que se tramitan en la Unión Europea, por lo que Bermejo pronosticó que al final "la inmensa mayoría" de los países de la UE se acabarán sumando.

Bermejo explicó que la cooperación en este ámbito ayudará a resolver la inseguridad jurídica que afrontan muchas parejas y familias acerca de cuál es la ley aplicable a su proceso de divorcio. Además, insistió en que el texto que se estudie garantizará que las leyes de divorcio de otros países no incluyan cláusulas de discriminación entre hombres y mujeres.

La UE incluyó la cooperación reforzada por primera vez en el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor en 1999, y se ha mantenido en los siguientes (Niza y Lisboa). En este caso se activó ante la persistente negativa de Suecia a aceptar el reconocimiento mutuo de sentencias sobre divorcio, ya que el Gobierno de ese país no quería que en su territorio se aplicase otra ley de divorcio que la suya y temía una regulación más restrictiva.