Chávez acorrala a la oposición

La campaña electoral venezolana se ha recalentado cuando aún faltan más de cuatro meses para los comicios locales. La causa es la controversia jurídica y política sobre los candidatos inhabilitados por decisión de la Contraloría General, la inspección de la Administración pública. Se trata de personas que desean presentarse a las elecciones para alguna de las 23 gobernaciones de Estado o de las 350 alcaldías, pero que no podrán postularse porque han sido sancionadas por presuntas irregularidades administrativas.

La lista de inhabilitados llega a 271 personas. En ella hay militantes de partidos oficiales, pero en su mayoría son opositores. Destacan, por razones obvias, varias destacadas figuras de partidos rivales del Gobierno, como el ex gobernador de Miranda Enrique Mendoza, y el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Leopoldo López. Éste último es candidato a la alcaldía metropolitana de Caracas y, según diversos sondeos, tiene las mayores posibilidades de ganar.

Los casos, en su mayoría, se refieren a uso indebido de fondos públicos. A López, concretamente, se le sancionó porque siendo trabajador de Petróleos de Venezuela, recibió en 1998 una donación de 60 millones de bolívares (17.700 euros). Como agravante, la persona que le otorgó el dinero fue su madre, Leonor Mendoza de López, a la sazón gerente de Asuntos Públicos de la petrolera estatal.

La lista de la Contraloría llegó a tener 368 nombres, pero ha sido depurada porque se retiraron aquellos que ya cumplieron el período de inhabilitación. De ese número original, 103 eran funcionarios electos por votación popular que militan en partidos opositores.

Los afectados alegan que la Contraloría sólo impone sanciones administrativas, y que para perder el derecho político a ser elegido para un cargo público, debe existir una condena firme por parte de un tribunal penal.

Sus argumentos tienen sólida base jurídica. El artículo 65 de la Constitución dice que no podrán postularse para cargos públicos quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El contralor, Clodosbaldo Russián, por su parte, dice que la Ley de la Contraloría le faculta para impedir que una persona sancionada ejerza un cargo público. De hecho, los funcionarios no electos que han sido inhabilitados fueron forzados a renunciar. Entre las figuras del Gobierno nacional inhabilitadas se cuenta la ex viceministra de Relaciones Exteriores para América del Norte, Maripili Hernández, quien fue apartada de su cargo.

Varios de los afectados recurrieron ante el Tribunal Supremo para demandar la nulidad parcial de la Ley de la Contraloría. Sostienen que es el electorado quien debe decidir. La pugna está centrada ahora en el Alto Tribunal.

Los portavoces de la oposición afirman que detrás del contralor Russián y de varios jueces del Supremo están las órdenes del presidente, Hugo Chávez. El ex candidato presidencial Manuel Rosales, jefe del principal partido opositor, Un Nuevo Tiempo, retó el pasado sábado al mandatario a asumir públicamente la responsabilidad de la medida. "El cobarde Chávez debe decirle al país que él fue quien ordenó inhabilitar a toda esa gente", afirmó.

Chávez dio un espaldarazo a las disposiciones del contralor en junio pasado, cuando le felicitó públicamente por su trabajo efectivo contra la corrupción.