El juez imputa a otros 11 empresarios y un funcionario por el 'caso Guateque'

El caso Guateque sigue abriendo frentes a medida que avanza la investigación. A los 30 imputados (funcionarios y empresarios del sector) que hasta ahora se había cobrado la operación hay que sumarle desde ayer 12 más. Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, ha llamado a 22 imputados (12 nuevos) y a 3 testigos a declarar los días 22, 23 y 29, para aclarar algunos aspectos de la mayor trama de corrupción destapada en Madrid.

Ya son 42 los acusados en la mayor trama de corrupción municipal

Algunos de los que desfilarán ante el juez Torres son viejos conocidos de su juzgado. Es el caso, por ejemplo, de los funcionarios que ejercían de cerebro de la trama, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, o de Santiago Castillo Morales, Carmelo García o Miguel Ángel García Jodar.

Pero a esa lista hay que añadir 12 nuevos imputados, en su mayoría, empresarios del sector del ocio nocturno y la restauración. Ayer, algunos de ellos no sabían todavía que el juez les ha citado. Laureano Gordo, dueño de varios bares y discotecas en el barrio de las Letras, reaccionó así al conocer la noticia: "No tengo ni idea. Yo no he hecho nada malo ni me han extorsionado nunca", explicó por teléfono.

El único funcionario imputado, Juan Luis Esteban de Nicolás, es adjunto al departamento de licencias y ha sido llamado a declarar en relación con unos locales situados en la calle de San Marcos, Zabaleta y Ana María. Por esos mismos establecimientos también se cita al empresario Gregorio Gogorza Collado.

Otro de los bares que aparece en el auto del juez, y por el que ha sido imputado su dueño, es La Botellita. En una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil hace un año y que figuran en el sumario del caso Guateque, Antonio Sanz Escribano, ingeniero de la firma de proyectos de ingeniería AB Sanz Escribano -en prisión-, mantenía una conversación con José Almansa, uno de los propietarios del pub La Botellita, de Serrano.

En aquella charla, ambos hablaron sobre la estrategia para conseguir una licencia. Almansa dijo que era socio de Antonio Cato y que la madre de su novia era la mejor amiga de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, la cual, comentó Almansa, "ha movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de fiestas", según se lee en el sumario. Ahora, Almansa explicará esa conversación al juez.

Al funcionario Carmelo García, ya imputado, se le amplían los cargos por falsedad documental en la tramitación de licencias de cuatro locales: en Lavapiés, 50; Piamonte, 7; Flor Baja, 1, y Núñez de Arce, 14. También se amplía la imputación por los mismos hechos a Julián Félix Serrano, Mario Mínguez y Manuel Álvarez de Hoyos. Por estos locales se imputa ahora a los empresarios Salvador José del Campo y Francisco Javier Cabezaollas. Este periódico trató ayer, sin éxito, de hablar con todos ellos.

Algunos expedientes que el juez Torres cita en el auto difundido ayer pertenecen a dos bares de intercambio de parejas. Son los locales Momentos y Encuentros, por los que se llama a declarar a Miguel Frutos Juárez y a Ana María Martínez Barnes. También se ha citado como imputados a los propietarios de la cervecería Nuevo Riaño, actualmente cerrada tras haber realizado importantes reformas.