Ceballos admite que recibió gratificaciones por varios expedientes

El antiguo jefe de la División de Impacto Medioambiental del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Victoriano Ceballos, y el del departamento de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro, han declarado hoy por cuarta vez ante el juez Santiago Torres, que instruye el caso Guateque, para explicar las presuntas irregularidades detectadas en varios expedientes de licencia expedidos por sus departamentos. El primero ha admitido que recibió gratificaciones por parte de la arquitecta técnica Pilar García Uceda, con quien colaboraba de manera puntual en varios trabajos, entre ellos proyectos de expedientes que posterormente se remitían a Medio Ambiente, mientras que el segundo ha asegurado que, de haberlo sabido, habría pedido que se le abriera expediente.

Según fuentes jurídicas, Ceballos ha reconocido que recibió dinero de su colaboradora, hecho por el que se le imputa un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos. "En vez de invitarme a una comida, me pagaba", ha confesado. A preguntas sobre la incompatibilidad de su colaboración con su condición de funcionario, Ceballos ha asegurado que pensaba que ya estaría "jubilado" cuando "los proyectos llegasen a su departamento debido a la larga tramitación que soportan los expedientes". Durante el interrogatorio, que se prolongó por más de una hora, Ceballos ha respondido además sobre la tramitación de "tres o cuatro" expedientes de licencias de locales, de los que aseguró al juez que siguieron su "curso habitual", negando la existencia de posibles irregularidades.

Por su parte, Fernández de Castro ha aseverado al instructor que si hubiera conocido las irregularidades que cometía su subordinado le habría cesado y habría pedido que se le abriera un expediente disciplinario, según las mismas fuentes. Horas antes de declarar, los dos funcionarios de la Concejalía de Medio Ambiente han coincidido en calificar de "atropello disparatado" el hecho de que el juez les haya citado hoy de nuevo. En los pasillos de los juzgados de la Plaza Castilla, De Castro, ha afirmado que "se está cometiendo un atropello disparatado conmigo" y ha añadido que "esto es una faena, es una historia de locos". Ceballos y Fernández de Castro, acusados cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, han comparecido ante Torres con ésta en cuatro ocasiones, entre las declaraciones iniciales, indagatorias y careos. El 24 de enero, abandonaron la prisión de Alcalá Meco tras abonar la cuantía de 60.000 euros impuestas por el juez.

Ceballos ha señalado que "esto es un disparate, no existe ninguna trama de corrupción" y ha manifestado el deseo de que "el asunto acabe cuanto antes". "Yo era el único funcionario que había en Medio Ambiente para hacer evaluaciones, por eso todas están firmadas por mí", ha indicado Ceballos, quien ha comparecido durante más de una hora para responder ante el juez por "tres o cuatro informes, pocos porque eran muy voluminosos" correspondientes a 2005. El funcionario ha asegurado que "no se cobró ni un duro por los informes ni por acelerar expedientes" y ha añadido que "se adelantaron los expedientes que políticamente se mandaban adelantar". "Yo lo veo hasta lógico", ha dicho y ha agregado que "para eso están los políticos: para defender los intereses de los que les dan los votos". Ceballos, que ha dicho haber tramitado "unos 5.000 expedientes", ha admitido que "nunca" se había cuestionado "por qué se adelantaban unos u otros". "Yo ni quito ni pongo rey",ha añadido.

Los presuntos cerebros de la trama de corrupción de licencias, que se encuentran en libertad provisional bajo fianza de 60.000 euros, se incluyen en la ristra de nuevas declaraciones solicitadas por el instructor a propósito del cotejo de la documentación requisada por la Guardia Civil en los registros practicados sobre la Gerencia de Urbanismo y el Área de Medio Ambiente. Junto a ellos dos, han acudido 16 imputados y dos testigos -entre funcionarios y empresarios-. Uno de los imputados citados hoy, copropietario de la cafetería Nuevo Riaño en Cea Bermúdez, Manuel Pérez Gallego, falleció hace tres años y en su lugar ha ido a declarar su socio, Antonio López González.

Miguel Ángel García Jodar, ex técnico del área de Medio Ambiente, también citado hoy por el juez Santiago Torres, ha sido interrogado acerca de unos expedientes en la calle Lagasca y ha respondido que él solamente hizo las mediciones y nunca falseó ningún dato. Santiago Castillo, también imputado citado hoy y presunto intermediario entre los funcionarios municipales y los empresarios, así como propietario de la empresa AC 93, ha indicado que "una vez que pides una licencia pueden pasar años -hasta ocho- hasta que te la concedan". Otro empresario imputado, José Fernando Hurtado, dueño del pub Deyabu en Ciudad Lineal y acusado de pagar una comisión por la obtención de una licencia municipal, ha dicho a la prensa al salir: "Pedí una licencia en mayo de 2006 y todavía no la tengo. Lo que he pagado han sido 1.102 euros por un proyecto".