Gallardón confía en la inocencia del concejal imputado por el 'caso Guateque'
Henríquez de Luna dice que se siente "indignado" y que pretende recurrir el auto y querellarse contra los denunciantes
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado esta mañana su plena confianza en la inocencia del concejal del distrito madrileño de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna, imputado por el juez instructor del caso Guateque, la mayor trama de corrupción urbanística detectada en el Ayuntamiento de Madrid.
Ruiz-Gallardón ha recordado ante la prensa que este concejal ya fue imputado en anteriores ocasiones de las que resultó siempre inocente. Por ello, ha expresado su convencimiento de que cuando sea llamado a declarar ante el juez el próximo mes de septiembre se confirmará, una vez más, su inocencia.
Gallardón ha añadido que la imputación del concejal, impulsor del proyecto frustrado de primarias en el seno del PP, "no guarda conexión ninguna con el caso Guateque. El alcalde ha reiterado que el caso "lo lleva el mismo juez porque el reparto ha caído en el mismo juzgado", y no porque sea parte de la trama de corrupción descubierta el pasado mes de noviembre.
El edil insiste en la venganza
En declaraciones a RNE, Henríquez de Luna ha afirmado esta mañana que se siente "indefenso" e "indignado" después de conocer su imputación en la trama. El edil ha reiterado que su acusación se basa en un acto de venganza de los denunciantes, contra los que, según ha afirmado, interpondrá una querella. Además, Henríquez de Luna ha asegurado que pretende recurrir el auto del juez Torres. El concejal ha apuntado que ha recibido una llamada de apoyo del secretario general de su partido, Mariano Rajoy.
El auto del juez que instruye la operación Guateque, Santiago Torres, relaciona al concejal imputado con la concesión irregular de la licencia de una tienda de decoración de la calle Juan Bravo de Madrid. El concejal señaló ayer en rueda de prensa que la licencia de apertura del local se concedió antes de que él fuera nombrado concejal y a cargo de la Gerencia de Urbanismo y no de la Junta Municipal. El origen de la "venganza" reside, según el edil, en el precinto de la oficina en la segunda planta de Juan Bravo, 18, propiedad de la familia denunciante, una clausura debida a que incumplía la normativa urbanística.
