Municipios y éxito escolar

Ante la preocupación colectiva por los resultados de los últimos informes sobre el estado de la educación en Cataluña, que revelan un aumento significativo de los índices de fracaso escolar y de abandono formativo más allá de la etapa obligatoria, creo que desde los gobiernos locales deberíamos formular nuevos compromisos y repensar las prioridades. En este sentido, es importante que tengamos la capacidad de poner sobre la mesa y compartir el análisis de las transformaciones sociales que se están produciendo, para ver cómo afecta al rendimiento escolar de nuestros niños y adolescentes, y para valorar cuál es el impacto que pueden tener las políticas de proximidad en la mejora del tejido escolar.

Los espacios culturales municipales de acción social tienen efecto educativo y cohesionador

Los gobiernos locales son los que, haciendo bandera del principio de subsidiariedad, es decir, primar aquello que está más cerca, han de liderar la idea que el éxito escolar se ha de procurar desde dentro y desde fuera de la escuela. Esta reflexión se produce, además, en un momento que puede ser especialmente oportuno porque se está debatiendo el anteproyecto de la futura ley de educación de Cataluña. Y está claro que la nueva norma deberá definir, entre otros muchos aspectos, la función de los municipios en la educación del país y tendrá que prever el financiamiento necesario tanto para la acción educadora que tiene lugar dentro de las aulas como para la que se despliega y existe a su entorno.

Hoy es bien sabido que las escuelas e institutos se esfuerzan para hacer posible una labor educativa que conduzca al éxito escolar para todos y todas. Pero también que, cuando a menudo se encuentran en contextos con realidades sociales complejas y desfavorecedoras, este objetivo no está sólo en sus manos. Es necesario, por tanto, que puedan contar con la sensibilidad y la cooperación de los ayuntamientos y del conjunto de las políticas municipales dirigidas a la cohesión social.

También conocemos el papel central de la familia en el apoyo al desarrollo de las capacidades emocionales y morales de los niños y niñas, y las dificultades que tienen para ejercerlo de una manera satisfactoria, porque son muchos y muy profundos los cambios que nuestra sociedad está experimentando en términos de vida cotidiana. Es evidente que el modelo de familia tradicional homogénea que caracterizó el siglo XX ha dejado paso a nuevas formas de diversidad familiar donde los proyectos de vida, la cotidianidad y la gestión del tiempo se configuran desde unos parámetros bien distintos.

La responsabilidad familiar es exigible y no admite excusas, los hijos e hijas tienen el derecho a tener padres, madres, abuelos, amigos, familias en suma, que la ejerzan con afecto y valores propios. Ahora bien, también es una evidencia el hecho de que nuestra sociedad no está favoreciendo que se puedan producir dinámicas familiares con márgenes óptimos de relación. Quizá baste recordar la propuesta reciente de algunos países europeos de volver a jornadas de 60 horas semanales.

Precisamente por todas estas situaciones, es más importante que nunca poner en valor y resaltar el efecto educativo y cohesionador que pueden tener algunos de los espacios culturales de acción social, de promoción de la salud y de ocio que gestionamos o subvencionamos los ayuntamientos. Estos ámbitos de la actuación municipal son en sí mismos una oportunidad educativa para reconstruir políticas efectivas de acompañamiento a la escolaridad y para completar huecos que nuestro sistema social provoca. Hay que tenerlo presente si queremos trabajar para la equidad, si pretendemos contribuir a cambiar en positivo una realidad preocupante. No obstante, ésta no es la única actuación de política social que se deberá potenciar, pero la diferencia entre aplicarla o no puede marcar más desigualdades entre ciudadanos y territorios.

Por ello, la Diputación de Barcelona ha iniciado un periodo de debate y de reflexión abierto al conjunto de electos municipales, de técnicos locales, de expertos y de representantes de diferentes entidades, para dar apoyo a los municipios en estos nuevos retos de adecuación de las políticas educativas locales.

Estoy convencida de que es con colaboración y corresponsabilidad como tenemos que aprovechar la oportunidad que nos dará el nuevo marco legal para desarrollar políticas más efectivas que ayuden a la acción educativa de las familias y que permitan construir entornos favorecedores que relacionen y fortalezcan los proyectos educativos de las escuelas e institutos.

Como diputada me gustaría que este fuera uno de nuestros objetivos prioritarios desde el convencimiento de que el éxito escolar requiere del esfuerzo de todos los sectores implicados y de las administraciones.

Carme García Suárez es presidenta delegada del Área de Educación de la Diputación de Barcelona.