El alcalde de Labastida pide parar el campo de golf tras la denuncia del fiscal

El alcalde de Labastida, Higinio Arinas (Ezker Batua), pidió ayer a los partidos políticos de la corporación, a la Diputación de Álava y al Gobierno vasco, que reconsideren sus posturas respecto al proyecto de campo de golf con urbanización en la localidad.

La Fiscalía aprecia en la operación urbanística cinco posibles delitos

Arinas realizó estás declaraciones después de que se conociera la denuncia presentada al juez por la Fiscalía de Álava contra el ex alcalde de Labastida, Ignacio Gil Orive (PP), y los promotores del proyecto, que incluye la construcción de 750 viviendas. El fiscal jefe, Josu Izaguirre, estima que el ex regidor permitió la venta de terrenos municipales a San Ginés Labastida, SA, la sociedad promotora, a un precio "muy inferior" al del mercado, con lo que asegura conseguir importantes plusvalías.

El PP salió ayer defensa de Gil, que sigue como concejal. Su portavoz en las Juntas Generales, Javier de Andrés, estimó que la instrucción de la fiscalía es "deficiente", aunque también reconoció que no había tenido acceso a la misma. Por su parte, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, afirmó que sus conclusiones cuentan con el respaldo de seis meses de investigación y las imputaciones que ha remitido al juez decano están fundamentadas por un anexo documental recogido en nueve tomos. Higinio Arinas, conocedor como actual alcalde del expediente municipal del proyecto, no quiso entrar ayer en detalles, pero sí reveló que parte del contenido le había dejado "atónito".

Arinas pidió a los concejales del PP y el PNV que reconsideren su postura, como ocurrió con el golf proyectado en Laguardia cuando se descubrió el presunto intento de soborno a un concejal de EA. Este caso, investigado por un juzgado de Vitoria, puso en evidencia una trama para comprar la voluntad del edil, que deshacía el empate entre los que estaban en contra (5 concejales del PNV y él mismo) y los que se encontraban a favor (5 del PP) para que cambiara su voto en el pleno. El PP se desvinculó inmediatamente del proyecto, al mismo tiempo que la fiscalía iniciaba la investigación, que incorporó también el proyecto de Labastida.

Lo que hasta ahora era una polémica medioambiental y política en esta localidad, ha llegado al despacho del juez decano, que debe decidir a qué juzgado coresponde el caso. Según la denuncia del fiscal, en 2003 se constituyó la sociedad San Ginés Labastida, promovida por el constructor de Azkoitia Luciano Soraluce Narvaiza, con el 56% del capital, el arquitecto donostiarra Javier Corta Echaniz, con el 20%, y José María Elías Zabala, con el 4%. El 20% restante corresponde al Ayuntamiento de Labastida, que accedió a la sociedad a través de la entidad mercantil Labastida Gestión Municipal, aportando como capital, en sucesivas ampliaciones, 414.050 metros cuadrados. La valoración de los terrenos se hizo en función de su uso en aquel momento -dedicado al cultivo o improductivo- sin tener en cuenta las plusvalías posteriores que se iban a conseguir su recalificación, indica el escrito del fiscal, ya que "una parte importante de las fincas que aportaba el Ayuntamiento estaban en una zona en la que se preveían viviendas",

El fiscal entiende que Labastida Gestión Municipal dejó de ser propietaria de las fincas que conformaban su propio capital social, que han pasado a la empresa San Ginés Labastida. Es decir, el Ayuntamiento sólo controla el 20% de las fincas que incorporó a la sociedad que dirige Luciano Soraluze, principal impulsor de este proyecto inmobiliario. El fiscal ve en todas estas operaciones indicios de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación.

Los terrenos afectados superan el 20% del proyecto de campo de golf y urbanización de 750 viviendas, que supone un millón de metros cuadrados que se encuentran a las afueras de la población, hacia la sierra de Toloño. El proyecto se encuentra en la actualidad paralizado porque una cuarta parte del terreno que se quiere recalificar como urbanizable está calificado como lugar de interés comunitario, con una protección medioambiental preferente.

Los promotores del proyecto defendieron ayer la "escrupulosa observancia de la legalidad" en la operación, que entienden amparada por el Plan Parcial de la Rioja Alavesa. En un comunicado, aseguran que se ofrecieron al fiscal para aclarar cualquier duda y consideran que no se merecen "este trato".