La hora de la polémica

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha requerido al Departamento de Educación de la Generalitat para que aplique un decreto del Gobierno central, aprobado en 2006, sobre las horas que deben dedicarse a la enseñanza del castellano. El Tribunal respondía así a la demanda de una asociación que solicitó la suspensión cautelar de un decreto del Gobierno catalán que establece un horario más reducido, y que, en la práctica, limita a dos las horas de enseñanza del castellano, cuando, según el decreto del Gobierno central, deberían ser tres por semana. La cuestión jurídica se ha visto complicada por el hecho de que el TSJC no ha accedido a la suspensión cautelar del decreto catalán -algo que la Generalitat ha interpretado como un aval a su norma-, aunque ha instado a introducir la tercera hora a partir del próximo curso. Entretanto, la Generalitat, que no ha recurrido el auto, se dispone a aprobar una ley de educación que, según afirma, blindará su competencia.

No es seguro que abordar esta enrevesada partida judicial desde la perspectiva de la defensa de la lengua, sublimando el debate sobre la unidad de España que se pretende mantener abierto desde sectores antagónicos, resulte más clarificador que hacerlo desde el punto de vista del estricto funcionamiento de las instituciones. La respuesta de la Generalitat ha venido forzada por la posición de ERC, que amenaza con romper el Gobierno tripartito si éste acata el auto del Tribunal. Ante esta amenaza, cuyo fondo comparte CiU, habría que preguntarse si un partido que exige desoír desde el Poder Ejecutivo las decisiones del judicial está capacitado para formar parte de un Gobierno. Y mucho más cuando el procedimiento que sugiere no es otro, en realidad, que disfrazar una norma de tanta trascendencia como la futura ley de educación catalana con un mecanismo jurídico ad hoc para sortear las decisiones de los jueces y, de paso, forzar a su favor las relaciones entre el sistema central y el autonómico.

El argumento de que se hace en defensa de la lengua catalana no es de recibo, y basta comprobar las reacciones políticas que ha provocado. Pero es que, además, resulta desproporcionado y ridículo considerar que el futuro del catalán se juega en que sean dos, y no tres, las horas que se consagren al castellano en los planes de educación en Cataluña. Si algún futuro se pone en riesgo con este numantinismo de bajos vuelos es el del normal funcionamiento de las instituciones.

De ahí que el presidente Montilla esté obligado a imponer su autoridad, no para resolver ninguna polémica lingüística (y menos aún de esencias), sino para que las decisiones de la Generalitat se ajusten a los procedimientos constitucionales. Si su Gobierno estima que deben ser dos y no tres las horas de castellano, dispone de instrumentos legales para defenderlo. Lo único que le está vedado es abusar de la posición del Ejecutivo para desatender los autos de un tribunal.