La identidad de quienes aborten será confidencial por decreto este mismo mes

El Gobierno pretende dar en las próximas semanas el primer paso para cumplir parte de la resolución sobre el aborto aprobada el pasado fin de semana en el 37 Congreso del PSOE, según fuentes de La Moncloa. La resolución pide asegurar "la equidad territorial en la prestación de este servicio, que debe estar incluido en la red sanitaria pública o concertada, garantizando la accesibilidad; la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y de los y las profesionales que las atienden".

Antes de finales de julio, el Consejo de Ministros aprobará un decreto que establecerá la confidencialidad de los datos de las mujeres que abortan legalmente y de los médicos que participan en esas intervenciones, y unificará los conciertos de las clínicas para evitar que las comunidades entorpezcan el derecho al aborto.

En España sólo el 3% de los abortos se realiza en la sanidad pública. Cinco comunidades -Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia- no los realizan en hospitales públicos.

El decreto fue anunciado en febrero por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, pero fue frenado entonces. El Gobierno recupera esta iniciativa en plena polémica por la decisión de la Audiencia de Barcelona de publicar los nombres de las mujeres investigadas por abortar en la clínica del doctor Morín.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró en el Congreso hace un mes que el Gobierno estudiaba aprobar este decreto. La ministra respondía a la inquietud de la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón, sobre las trabas al derecho al aborto. No dio fecha para su aprobación, y ahora el Ejecutivo ha decidido acelerarlo.

Crear una subcomisión

Respecto al trámite parlamentario para modificar la Ley del Aborto, fuentes socialistas aseguran que aún no se ha tomado una decisión sobre la fórmula. No rechazan una subcomisión en la Comisión de Igualdad de la Cámara baja en la que comparezcan los expertos a los que se refiere la resolución del congreso socialista.

El diputado de ICV, Joan Herrera, ha registrado una proposición no de ley que, en línea con una moción suya anterior, pide una subcomisión que emita un dictamen en seis meses. El Gobierno no ve mal esta posibilidad, que apoyan casi todo el Grupo Mixto, IU y ERC. Si el PSOE no toma antes la iniciativa, la proposición de ICV le obligará a pronunciarse en septiembre.

La fórmula de la subcomisión ha sido aceptada ya por el Gobierno para estudiar la reforma de la Ley Electoral.