PSE y PP tachan de "intromisión" y "atropello" el decreto y piden su retirada

Los principales partidos de la oposición expresaron ayer de inmediato su rechazo al decreto, que se produce además en pleno debate sobre la reforma del sistema de modelos lingüísticos en la enseñanza, que va a suponer la desaparición del modelo A (exclusivamente en castellano). El PSE consideró que la imposición de sanciones por no utilizar una lengua, como fija el decreto aprobado por el Gobierno, "es un atropello a la libertad de comercio". El PP, que habló de "intromisión", anuncio que pedirá la retirada de la propuesta legislativa.

"El Gobierno hace un flaco favor al euskera, que es patrimonio de todos, cuando trata de fomentarlo por la vía del decretazo, de la imposición y no del consenso", aseguró ayer Isabel Celaá, secretaria de Políticas Sociales y Sectoriales del PSE. Agregó que los comerciantes y empresarios no deben ser forzados a utilizar una lengua oficial por encima de otra, "y muchos menos a ser multados o sancionados por ello".

"Va absolutamente en contra de la libertad", afirma Antonio Basagoiti

En la línea de su opinión sobre el proyecto que prepara el Gobierno sobre los modelos lingüísticos, Celaá expresó que medidas de este tipo generan rechazo en un sector de la sociedad vasca y alertó del riesgo de una guerra lingüística. "Entendemos que la manera más eficiente de avanzar es a través del acuerdo y respetando siempre la libertad de las personas". Reprochó al tripartito que opte por estas vías para potenciar el euskera. "¿Por qué no piensan alguna vez en todo el daño que hace al euskera empeñarse en potenciarlo por vía de la imposición?", se preguntó.

El PP anunció la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento para pedir la retirada del decreto y propiciar el debate sobre este asunto. El parlamentario Iñaki Oyarzabal aseguró que estudiarán llevarlo a los tribunales. Opinó que es una "intromisión" en la libertad de empresa y en el "libre ejercicio de los derechos de los propios comerciantes y autónomos". Oyarzabal apuntó que no tiene ningún fundamento que la Administración se inmiscuya "en la esfera de lo privado, que lo único que va a causar es rechazo". Agregó que este tipo de medidas coactivas que incluyen sanciones son "trasnochadas y contraproducentes".

Más crítico fue el presidente del PP de Vizcaya y futuro líder de esta formación en Euskadi, Antonio Basagoiti, quien calificó el decreto del Ejecutivo de "puro fascismo".

"Va absolutamente en contra de la libertad. Es más importante el derecho al trabajo y comunicarse que los derechos lingüísticos", manifestó. Basagoiti recordó que una gran cantidad de vascos saben euskera, pero "cada vez lo hablan menos porque están hartos de las imposiciones". E interpretó que esta situación "pone nervioso" a los partidos del Gobierno, que "quiere endiñar más euskera". Basagoiti solicitó al tripartito "predique con el ejemplo" en este asunto y dimitan todos los cargos públicos de estos partidos que no hablan la lengua autóctona. En su opinión, para los ciudadanos va a ser "cada día más importante" hablar castellano e inglés. El euskera, afirmó, es un idioma a "querer y proteger, pero no para pegar en la cabeza a nadie con él".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró que hoy día no hay problemas con el uso de las diferentes lenguas en el país, pero garantizó que, "si los hubiere", el Ejecutivo los abordará.