La reforma de las ayudas al algodón abre un nuevo frente en el campo

La nueva regulación de las ayudas al sector del algodón que ayer aprobaron los ministros de Agricultura de la Unión Europea ha abierto un nuevo frente entre el sector productor y la Administración autonómica. Mientras los algodoneros critican por insuficiente el documento de reforma, la Junta de Andalucía cree que la nueva normativa otorgará estabilidad a productores y desmotadoras. En Andalucía, la principal comunidad productora del país, dependen del algodón más de 1.100.000 jornales, 10.000 familias, 139 pueblos y 27 industrias desmotadoras.

Bruselas aprueba un 65% de ayudas desacopladas y un 35% a la producción

La reforma, que entrará en vigor en enero de 2009, contempla un 65% de la ayuda desacoplada (desligada de la producción), por importe de 1.400 euros por hectárea (un 30% más de lo previsto inicialmente), y el 35% restante de ayuda acoplada (vinculada a la producción). Además, prevé una superficie máxima garantizada de 48.000 hectáreas, frente a las 70.000 hectáreas que había antes. Este punto es el elemento más censurado por las organizaciones agrarias. La COAG considera que, de este modo, no se garantiza la continuidad del sector a medio plazo.

También la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) cree que el nuevo sistema de ayudas al algodón "no beneficia al sector productor puesto que se le restan ayudas para sufragar la reconversión de las desmotadoras", y advirtió de que esta reforma es "un trueque" para retirar las demandas judiciales a cambio de dinero. UPA recordó que ha defendido siempre el desacople total de las ayudas del algodón porque es el único sistema que garantiza que el presupuesto se quedara en el sector productor.

Otra novedad de la reforma es el establecimiento de un sobre nacional, que los gobiernos podrán distribuir según su criterio, y que permitiría reestructurar la industria. COAG discrepa con que el presupuesto de la misma (unos 6 millones de euros en el caso de España) salga de la parte vinculada a la producción. COAG calcula que el sector puede perder más de 50 millones de euros, porque no se ha negociado la recuperación del dinero no utilizado en las dos últimas campañas y en ésta, ni tampoco se garantiza que el sobre nacional se ponga en marcha en 2009.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Martín Soler, ha garantizado la estabilidad al sector productor y desmotador de algodón andaluz, y ha destacado que se mejora sensiblemente la propuesta comunitaria de noviembre de 2007. Soler, que resalta las ayudas para la reestructuración del sector, confía en que el documento "sea el inicio de una nueva oportunidad para el campo andaluz".

La UE ha realizado esta reforma después de que en 2006 el Tribunal de Justicia comunitario anulara el actual régimen, en una sentencia que dio la razón a España en el recurso que presentó a instancias del sector algodonero. Dicho recurso argumentaba que la reforma pactada en 2004 no incluía un estudio de impacto medioambiental. España reclamaba que el 80% de las ayudas se distribuyera en función del cultivo y el 20% restante de forma desacoplada, una propuesta que contó con el apoyo del Parlamento Europeo y que finalmente no ha sido tenida en cuenta.