Análisis:Análisis
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La huerta como diorama

El Plan de Acción Territorial de la Huerta (PATH) llega tarde y de la mano de un Gobierno que ha venido ignorando deliberadamente el llamamiento realizado en el año 2000 por el Consell Valencià de Cultura para utilizar los instrumentos legales para detener las agresiones a la huerta y su petición de creación de un organismo supramunicipal e interinstitucional que elaborase e implementase un plan de protección basado en el máximo consenso social posible. Se trata de los mismos responsables políticos que rechazaron debatir en las Cortes la Iniciativa Legislativa Popular para la protección de la huerta avalada por más de 117.000 firmas ciudadanas.

Es el Gobierno que sustituyó su inicial proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, aprobado en noviembre de 2002 en vísperas de unas elecciones, y que recogía una moratoria urbanística para nuevas reclasificaciones de suelo en el litoral y en la huerta, por una nueva ley, aprobada ya en junio de 2004, carente de moratoria alguna y cuyo incumplimiento ha facilitado la pérdida de miles de hectáreas de suelo agrícola de especial valor. Un Gobierno que elude responder a las miles de alegaciones presentadas en 2006 a un Plan del Litoral que también afecta de manera importante a la huerta.

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El mismísimo señor Camps que prometió aprobar el Plan de la Huerta antes del final de 2006, respecto del que afirmó ya entonces que se encontraba redactado, y que favorece la desaparición de huerta de la partida de Vera en Alboraia, las urbanizaciones de El Puig, Nou Mil.leni, la reclasificación de la huerta del Safranar en Torrent, Gran Manises, la ZAL en La Punta, Sociópolis y ampara la revisión del PGOU de Valencia, que prevé reclasificar 4.000.000 metros cuadrados más de suelo agrícola, es quien pide ahora confianza y consenso para proteger la huerta.

Un PATH cuyo documento preliminar, al margen de la escasa credibilidad de las autoridades que lo impulsan, nace con carencias esenciales. De un lado, renuncia de partida a asumir una moratoria urgente que impida nuevas reclasificaciones de suelo agrícola mientras se debate el propio plan; en segundo lugar, la vocación sectorial y fundamentalmente paisajística de las orientaciones que propugna, elude la complejidad y contradicciones inherentes a un ámbito antropizado, dinámico y productivo, y las tensiones que la colisión de los diferentes usos e intereses imprimen al territorio. Evita así, intencionadamente, afrontar temas fundamentales como la ocupación y usos del suelo, la ordenación y control de los crecimientos urbanos, la movilidad metropolitana, etc.

El hipotético Ente Gestor a que remite el plan carece de definición jurídica y sus desdibujadas funciones no incluyen aspectos básicos de planificación ni ordenación, respondiendo a una visión idílica y voluntarista que parece confiar la viabilidad de sus decisiones a los buenos sentimientos de administraciones y agentes económicos y a la sensibilización de la ciudadanía, renunciando así a establecer una autoridad efectiva que garantice una planificación y una gestión, elaboradas desde el consenso, pero desarrolladas mediante normas e instrumentos jurídicos que integren y coordinen de manera efectiva y vinculante a actores y políticas concretas.

Por último, el pretendido objetivo de reducir la huerta a 24 unidades de paisaje que integrarían 12.000 hectáreas a las que se les atribuye un mayor valor visual o escénico, constituye un pobre objetivo político si consideramos que en los ocho últimos años, intencionadamente perdidos por el Gobierno del Partido Popular, las actuaciones de transformación urbanística de suelo agrícola en la comarca ascienden ya a más de 12.648.000 metros cuadrados, acerca de cuya pérdida irreparable el señor Camps no parece capaz de dar explicación alguna a la ciudadanía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0022, 22 de junio de 2008.