Hacienda investiga por blanqueo a medio centenar de empresas de Arousa

La Agencia Tributaria, en colaboración con tres fiscales de Pontevedra, ha emprendido una operación sin precedentes para desactivar la maquinaria de blanqueo de dinero de los clanes del narcotráfico que actúan en la ría de Arousa. En el punto de mira de la investigación hay un entramado de medio centenar de empresas de apariencia legal cuyas declaraciones al fisco resultan notoriamente sospechosas. El objetivo último es acabar con la impunidad con que los narcos hacen ostentación de su riqueza y al mismo tiempo se infiltran en la economía legal.

Los empresarios investigados manejan patrimonios encubiertos que no se corresponden con sus declaraciones de la renta y que, según las primeras estimaciones, son en algunos casos superiores a 20 millones de euros. La Agencia Tributaria y los ficales especiales antidroga, de delitos económicos y delincuencia informática de Pontevedra pretenden demostrar que estos capitales proceden del tráfico de estupefacientes. Es la primera vez que se promueve una actuación semejante. La decisión se tomó de oficio, hace un año, a partir de los datos de la Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia, con Luis Pazos Franco al frente. Tras la fase preparatoria, las investigaciones acaban de empezar y se centran en seis patrimonios que tienen sus raíces en la comarca de Arousa y que evidencian incrementos injustificados. Para Hacienda, los datos fiscales no encajan con los bienes que manejan, en unos casos, a través de testaferros, y en otros, por medio de sociedades tapadera que operan en España y también en el extranjero.

El peso de las diligencias recae sobre tres fiscales especiales de Pontevedra: Augusto Santaló, de delitos económicos; Marcelo Azcárraga, antidroga; y Luis Uriarte, responsable de los asuntos relacionados con la delincuencia informática. "Hacer alarde de riqueza ya no va a salir gratis y esto no ha hecho más que empezar", explica Santaló. "Estamos hablando de unas prácticas muy enraizadas en la sociedad, pero que crean alarma social y desmoralizan al ciudadano, porque el que posee un negocio legal no puede competir con el que lo tiene subvencionado por el dinero procedente del delito".

El fiscal cree que con esta iniciativa de Hacienda y el respaldo de la Fiscalía de Pontevedra se está dando un paso de gigante para atajar el crimen organizado a partir del fraude fiscal. En principio, Hacienda remitió a la Fiscalía de Pontevedra nueve expedientes bajo sospecha, incoados tras investigaciones ordinarias de la Agencia Tributaria. Pero, dada su complejidad, que requeriría la dedicación exclusiva de los tres fiscales implicados, por el momento sólo seis de esos expedientes se han judicializado. En el punto de mira de esta nueva línea de investigación hay más de 50 empresas, algunas con activos financieros en el extranjero. Entre la variedad de personajes que aparecen implicados en las tramas hay incluso algún jubilado. De momento, en todos los casos se confirman las sospechas de conexiones con el narcotráfico.

Santaló afirma que hablar de la inversión de la carga de la prueba -que los sospechosos de traficar con drogas tengan que demostrar el origen de sus patrimonios- no es descabellado: "Estamos en ese camino procesal que, en todo caso, sería largo, pero es hacia donde vamos a disparar. Desde luego, tendrán que demostrar el origen de estos patrimonios, si salieron de premios de lotería o de dónde. Pero hasta que llegue ese momento, aún hay mucho trabajo por hacer". "Siempre tenemos la impresión de que se llega tarde", admite el fiscal, "pero son temas que requieren absoluta dedicación y con el compromiso que existe para la especialización de los fiscales hemos avanzado en un año más que en los 23 que llevo en esta profesión. Aunque es verdad que estos temas también requerirían jueces especiales, no sólo fiscales".