Ruido e indefinición

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró el diálogo social de su segunda legislatura con varias declaraciones enfáticas que no aclaran el tratamiento de la presente crisis económica, que él prefiere calificar de desaceleración, ni las reformas laborales y sociales que necesita la economía española para competir holgadamente en los mercados internacionales. Ha causado impacto su compromiso de que "no habrá ninguna iniciativa laboral sin consenso con los interlocutores sociales"; pero o bien es una declaración protocolaria, puesto que una reforma laboral en profundidad no puede tener éxito sin la aquiescencia de empresarios o sindicatos, o bien es un ejemplo más de esa tendencia del presidente a ponerse limitaciones innecesarias cuando se trata de afrontar problemas políticos de envergadura.

Tampoco parece un rasgo de habilidad su decisión de tomar personalmente las riendas del Pacto Social. Sin duda, pretende convencer a la opinión pública de su decidida implicación en la paz social; pero de nuevo recorta su capacidad de maniobra para imponer el último criterio en caso de una negociación enrevesada o de apuntarse un tanto político con una concesión en el último minuto. Aquí surge otra de sus especiales formas de hacer política, que consiste en apagar el protagonismo de los ministros y reducir su autonomía negociadora. Presidencialismo se llama esa figura.

La objeción principal a esta apertura del diálogo social es la indefinición de los objetivos que persigue y la vaguedad de los criterios oficiales sobre los efectos de la crisis económica en las pensiones, el desempleo o el mercado de trabajo. Saben bien en La Moncloa y en Economía que la crisis está produciendo una elevación en el coste del desempleo, una caída de los ingresos de la Seguridad Social y una subida preocupante de los gastos. Este empeoramiento de las cuentas sociales exige alguna definición rápida sobre las reformas adecuadas para reforzar la red de protección social. No está claro que el equipo económico, ahora ocupado casi del todo por la iniciativa del presidente, tenga claras las decisiones que deben discutirse de forma perentoria.

Por el contrario, el presidente y el ministro de Trabajo se distraen de la tarea principal creando una polémica innecesaria con el gobernador del Banco de España a cuenta de la solvencia de las pensiones. El regulador financiero opina, no sin fundamento, que el sistema puede tener dificultades hacia 2015 y que sería necesario ampliar el periodo de contribución que da derecho a pensión. Es obvio que la respuesta de Rodríguez Zapatero y Celestino Corbacho tiene truco, puesto que defienden la solidez actual de las cuentas. En lugar de enzarzarse en polémicas banales, el Gobierno debería explicar si continuará tratando esta crisis sólo con políticas fiscales o si también acometerá una reforma profunda de los mercados, incluido el laboral.