La oposición aprieta las tuercas al tripartito al alargarse la legislatura

Las dos comisiones de investigación (sobre las irregularidades en la Fundación Balenciaga y la sociedad Berroeta Aldamar, y en el Museo Guggenheim) que ayer se constituyeron en el Parlamento, así como el debate de leyes de gran calado, como la de Servicios Sociales, pueden convertir en un calvario para el Gobierno el alargamiento hasta el año que viene de la legislatura, que ahora interesa al tripartito. La oposición, singularmente el PSE-EE, viene dando muestras de su intención de apretar las tuercas a un Ejecutivo en minoría.

El cambio en el Gobierno ha sido también evidente. A principios de año trabajaba con un ritmo de cierre de mandato, pendiente sólo del desenlace del pleno del día 27 sobre la consulta soberanista -o consulta, o disolución del Parlamento con elecciones el 25 de octubre-, pero el guión ha variado ostensiblemente.

El debate en la Cámara cobra una intensidad inesperada hace unos meses

El triunfo socialista en Euskadi el pasado 9 de marzo resultó determinante en esa modificación. Los partidos del tripartito,, en especial el PNV, quieren ahora alejar lo más posible los comicios autonómicos de la derrota sufrida, por primera vez en todos los terrritorios, a manos del PSE. Se trata de conjurar en lo posible el efecto de recuerdo del voto y de reducir el riesgo de que se reproduzca en las vascas.

La consecuencia ha sido que, desde hace varias semanas, el Gobierno ha recuperado el pulso y la iniciativa legislativa, y vuelve a remitir trabajo al Parlamento, incluidas leyes de calado importante, retenidas durante incluso años, como la ley Municipal. En el supuesto de que el lehendakari opte por llegar hasta febrero o marzo del año que viene, hay que llenar el periodo de sesiones de septiembre a diciembre. Y neutralizar la impresión de que la consulta es lo único que preocupa al Ejecutivo, junto con el riesgo cierto de que se cree un auténtico vacío político tras el pleno sobre la consulta del próximo día 27.

La oposición, preparada igualmente hace unos meses para la celebración de elecciones en octubre, ha asumido también la nueva situación. Y da muestras de aprestarse a abordar el último período de sesiones, que incluiría el reto para el Gobierno de sacar adelante unos nuevos presupuestos, con las baterías cargadas.

La futura ley de Servicios Sociales va ser una piedra de toque fundamental, en la que el PSE y el PP están dispuestos a echar el resto. Ambos anuncian un duro debate con el tripartito en el trámite que le aguarda al proyecto de ley en los próximos meses. Los socialistas han hecho bandera de esta norma e incluso han llegado a presentar en el Parlamento su propio texto ante la tardanza del Gobierno en remitir el suyo. El debate de esa propuesta se sustanció ayer y, finalmente, el PSE retiró su iniciativa antes de que se llegara a votar. Su objetivo era que se visualizara "la falta de interés" del Gobierno por cumplir sus compromisos, resaltó la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta. "Vamos a dar la batalla y enmendar el texto del Ejecutivo porque restringe algunos derechos", anunció acto seguido. Desde el PP, también se aprestan a un debate enconado. "Hay que mejorar mucho el proyecto" del Gobierno, adelanta Arantza Quiroga, portavoz popular en temas sociales.

Y a esa batalla hay que sumar la del proyecto de ley Municipal, la de la reforma de los modelos educativos (aún por llegar al Parlamento) y las polémicas que se vivirán en el transcurso de las comisiones de investigación de los presuntos fraudes de los museos Balenciaga y Guggenheim. Va ser una recta final de legislatura con una intensidad inesperada hace unos meses.