La mitad del máximo órgano consultivo vasco rechaza la propuesta de Ibarretxe

La seguridad que muestra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en la legalidad y constitucionalidad de su proyecto de ley para la consulta que pretende convocar el 25 de octubre no se corresponde con las dudas que se pusieron de manifiesto en el máximo órgano jurídico consultivo de la comunidad autónoma, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, cuando tuvo de emitir su dictamen preceptivo.

Cinco de los diez integrantes de la comisión asesora votaron en contra

Ninguno de los vocales que se opusieron hizo voto particular escrito

El órgano asesor lo elige en su integridad el propio Gobierno vasco

La Mesa del Parlamento dará al proyecto su visto bueno final el martes

Ese órgano, equivalente autonómico en sus funciones al Consejo de Estado, tiene la encomienda legal de velar por la sujeción de la actuación administrativa a la ley y al derecho, "apreciando la acomodación al ordenamiento jurídico de los proyectos de normas y actos que se sometan a su dictamen". Someter a su consideración los proyectos de ley es obligatorio.

Según ha podido saber este periódico, el dictamen previo sobre el texto con el que el lehendakari pretende dar cobertura legal y política a su consulta necesitó el voto de calidad del presidente de la Comisión Jurídica, después de que los diez letrados que la integran se dividieran por la mitad a la hora de valorar su adecuación a la legislación vigente. Cinco de ellos votaron en contra, mostrando así su desacuerdo con el contenido del dictamen, por estimar que el Ejecutivo autonómico carece de competencias para convocar la consulta perseguida.

Sin embargo, ninguno formalizó por escrito un voto particular. Según las fuentes consultadas, esa renuncia es una práctica habitual cuando se trata de proyectos de ley, no así en otras actuaciones, que sí los incorporan en ocasiones.

El órgano consultivo recibió el anteproyecto de ley el 14 de mayo pasado y le dio carácter de urgencia. Debatió y votó el dictamen preparado por los vocales Iñaki Beitia y Gorka Zorrozua en una reunión mantenida el día 22, a la que asistieron la totalidad de sus integrantes. Todos ellos son letrados del Gobierno vasco, con al menos diez años de ejercicio en la función pública, y han sido nombrados por el propio Ejecutivo, a propuesta de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. El Gobierno aprobó el proyecto una semana después, el día 28, una vez conocidos el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y las circunstancias en que se emitió, y lo envió al Parlamento el 29 de mayo. Incluso si el dictamen hubiera resultado desfavorable, el Ejecutivo habría podido seguir adelante, porque no es vinculante.

La oposición de cinco de los diez letrados supone el cuestionamiento del proyecto de Ibarretxe desde dentro de su propia Administración y desde el máximo nivel establecido por la propia legislación autonómica como competente para dictaminar su ajuste a la legalidad.

"La consulta es plenamente legal y constitucional. No conozco ningún argumento en contra", decía el pasado domingo el propio Ibarretxe en una entrevista en este periódico. Esa afirmación, y otras en el mismo sentido reiteradamente sostenidas tanto por él como por la portavoz del tripartito, Miren Azkarate, quedan en entredicho: a algunos de los letrados más cualificados les ofrece, al menos, dudas. Las suficientes como para que el texto no lograra siquiera el respaldo de la mayoría.

La oposición de los cinco letrados resulta aún más significativa por el hecho de que todos ellos han sido, como el resto de la Comisión, elegidos y nombrados por el propio Gobierno, entre funcionarios de alto nivel y reconocida formación jurídica.

Aparte de las referidas a la constitucionalidad del proyecto, por la falta de competencia de la comunidad autónoma, los letrados que se opusieron al dictamen que avala la consulta, esgrimieron, según ha podido saber EL PAÍS, otras dudas de segundo orden.

En parte, señalaron las fuentes consultadas, sus argumentaciones coincidirían con las contenidas en el informe realizado por los servicios jurídicos del Parlamento vasco para frenar una consulta promovida por el partido foralista Unidad Alavesa en 1998. Aquel informe consideró la iniciativa abiertamente contraria a la Constitución y aconsejó a la Mesa de la Cámara que la desestimara, como así hizo en aquella ocasión el órgano de gobierno del Parlamento vasco.

El empate a cinco se resolvió, tal y como prevé la ley que regula la Comisión Jurídica Asesora, con el voto de calidad de su presidente, que, también en virtud de esa norma, es el jefe de los servicios jurídicos centrales del Gobierno; en estos momentos, el secretario general de Régimen Jurídico, Sabino Torre.

Aunque dicha ley proclama que la Comisión ejerce su función consultiva "con plena autonomía jerárquica y funcional, en garantía de su objetividad e imparcialidad", tanto su presidente como su vicepresidente -en este caso, el director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, Jon Etxabe- son altos cargos de confianza que dependen orgánica y jerárquicamente de la vicepresidenta del Gobierno vasco.

El proyecto de ley está en tramitación en la Cámara vasca. La Mesa le dio luz verde el día 3 con los tres votos a favor de la presidenta, Izaskun Bilbao (PNV), y los dos representantes de los otros grupos del Gobierno, EA y Ezker Batua. El PSE y el PP se opusieron, y este último grupo presentó un escrito de reconsideración de la decisión sobre el que mañana se ha de pronunciar, de modo no vinculante, la Junta de Portavoces. El martes próximo la Mesa le dará previsiblemente el visto bueno definitivo.