La ley municipal inicia una carrera contrarreloj en el Parlamento

La tutela que el Gobierno vasco y las tres diputaciones han ejercido sobre los ayuntamientos durante casi tres décadas toca a su fin. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el ansiado proyecto de ley Municipal que, en la práctica, representa una descentralización que delimita, define y, en algunos casos, amplía las competencias locales. Además, habilita un marco financiero, es decir, garantiza los ingresos de los consistorios dándoles entrada en el Consejo Vasco de Finanzas con voz y voto a la hora de tratar los asuntos que les afecten directamente, como política de endeudamiento y participación en el rendimiento de los tributos concertados.

Se trata de un proyecto de una gran envergadura, que culmina la regulación político-administrativa de Euskadi. Desde 1983, poco después de la constitución del primer Gobierno de la democracia, la reivindicación municipal de una ley propia que, sobre todo, clarifique cuáles son las competencias de los ayuntamientos y asiente el principio de subsidiariedad, ha estado encima de la mesa. Sin embargo, ningún Ejecutivo le hincó el diente. Y ahora, cuando se aprueba, se produce un claro problema de tiempo.

El proyecto de ley entrará en el Parlamento la próxima semana en la recta final del actual periodo de sesiones. Y tal y como se encuentra el panorama político, pendiente en su totalidad de lo que ocurra con el desafío soberanista del lehendakari, Juan José Ibarretxe, probablemente no haya tiempo suficiente para debatir la ley. Y ello a pesar de que los partidos de la oposición la esperan con impaciencia. El PSE llegó incluso a presentar hace un año una proposición propia de ley Municipal, que fue rechazada.

El texto inicia así una carrera contrareloj en la Cámara. Estos son sus principales puntos:

- Competencias propias. Una de las claves del texto es que, por primera vez, los ayuntamientos sabrán a qué atenerse y qué competencias tienen asignadas. La gestión del padrón, el ordenamiento del tráfico o la promoción de vivienda pública son algunas de las habituales que ya desempeñaban, pero ahora se suman dos que tienen "inquietos" a los municipios: la participación en la gestión de la atención primaria en salud y su papel en la construcción de los centros educativos. Son dos cuestiones que hasta ahora desempeñaba en solitario el Gobierno.

- Delegaciones. El Ejecutivo y las diputaciones podrán delegar competencias en las corporaciones locales, "siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública". Esta es una cuestión que ha traído de cabeza a los ayuntamientos, que a menudo se han visto desbordados por atribuciones que no les correspondían y sin partidas económicas para hacerles frente. El proyecto de ley puntualiza que esa delegación debe acompañarse de "recursos".

- Consejo Vasco de Finanzas. Los ayuntamientos entrarán en el Consejo Vasco de Finanzas con voz y voto. Su participación en el rendimiento de los tributos que se recauden, una vez descontado el Cupo y las aportaciones a la comunidad, se determinará de acuerdo a las competencias y servicios que ofrezcan, los rendimientos de los tributos de las haciendas locales y el resto de sus ingresos propios. Cuando no se traten asuntos que les afectan directamente, sólo participarán como observadores.

- Consejo Municipal. Es un órgano de cooperación de los municipios con el Gobierno y las diputaciones para planificar y ejecutar las políticas públicas en el ámbito local.

- Consultas populares. Los ayuntamientos podrán someter a una consulta popular cualquier asunto de su competencia, salvo los relativos a las finanzas. El pleno tendrá que resolver las peticiones de consultas presentadas por un mínimo del 20% de vecinos en poblaciones de 5.000 habitantes o menos y del 10% en ciudades con más de 10.000.