La hora municipal

Las corporaciones locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo órgano de gobierno se reunió ayer en Madrid, reclaman una distribución más equitativa de los recursos públicos entre los tres niveles de la Administración. Y proponen que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que negocia la reforma de la financiación autonómica incorpore a sus deliberaciones la decisión sobre el porcentaje de los ingresos del Estado y de las comunidades que serán transferidos directamente a las corporaciones locales, en lugar de depender de las negociaciones de cada comunidad con sus municipios.

Los ayuntamientos españoles carecen de la capacidad intimidatoria con que cuentan las autonomías a la hora de negociar con el poder central. Ese factor político explica que casi 30 años después de las primeras elecciones locales, los municipios (hay 8.112) sigan siendo la cenicienta a la hora del reparto de los dineros públicos. En los Estados federales, la Administración central controla como media el 43% de esos recursos, las entidades federadas el 30% y las corporaciones locales el 25%. En España, en 2004, las comunidades autónomas gestionaban el 33% de los recursos y los ayuntamientos el 12%. Esos porcentajes han podido variar algo, pero la proporción entre gasto autonómico y local se mantiene.

Muchas veces se ha planteado la necesidad de abordar ese problema, y otras tantas se ha aplazado con diversos pretextos. En 2002, Aznar lanzó la consigna de que, una vez culminada la transferencia de educación y sanidad a las comunidades, había llegado la hora de la "segunda descentralización": la de las comunidades hacia los municipios. Pero hubo otras urgencias antes de que el PP perdiera las elecciones; el socialista Jordi Sevilla dijo lo mismo cuando creyó encauzado el problema de las reformas estatutarias, pero fue sustituido antes de llegar a presentar su proyecto de nueva Ley de Régimen Local, que era el marco en que debían plantearse las cuestiones de financiación.

Por ejemplo, la de la compensación estable por la desaparición del antiguo impuesto de actividades económicas, que proporcionaba el 20% de los ingresos municipales, o el de la financiación de las actividades asistenciales asumidas por los ayuntamientos (inmigración, vivienda, etcétera) sin tener competencias específicas sobre ellas, y que absorben según la FEMP el 30% del gasto local.

Un efecto colateral de esta situación es la utilización de las posibilidades abiertas por la Ley del Suelo de 1998 (que atribuyó a los municipios la capacidad para la recalificación de terrenos) como vía irregular de financiación: de los municipios, primero; de los partidos, después, y de los ediles mismos al final. Sobran razones para tomarse en serio el problema. El carácter transversal de las reclamaciones de la FEMP, con apoyo de PSOE, PP e IU, anula el pretexto de falta de consenso con que se archivó en 2006. Los alcaldes tienen razón.