Un ciudadano, un límite anual de emisiones

Si el límite de nuestras tarjetas de crédito consigue refrenar mayores alegrías a la hora del dispendio, ¿por qué no aplicar la misma idea al consumo energético? Esa pregunta resume el debate sobre la lucha contra el calentamiento global en el Reino Unido, donde un comité parlamentario consagrado a las cuestiones de medio ambiente ha conminado al Gobierno a imponer cuotas en las emisiones de carbono de cada ciudadano.

La propuesta contempla un límite anual a la llamada huella de carbono de los individuos y hogares, una suerte de puntos que los usuarios deberían administrar calculando el gasto en el combustible o los recibos de la luz para no sobrepasarse. Todos aquellos que no agotaran ese crédito -contabilizado en una inevitable tarjeta de plástico- podrían vender sus excedentes energéticos a los consumidores más derrochadores. Un trueque tan inédito como polémico, pero que el presidente del citado comité y su gran defensor, Tim Yeo, considera más justo que los impuestos verdes, destinados a penalizar el uso de las energías agresivas con la atmósfera a todo el mundo por igual. "Alguien que quizá no posee una mansión con piscina, que no puede tomar vacaciones anuales en el Caribe, podría beneficiarse económicamente si reduce sus emisiones de C02", declaraba ayer a la BBC. En otras palabras, se invita a los ciudadanos con menores recursos a comerciar con su ahorro energético como incentivo de hábitos más ecológicos o limpios.

La idea del comité medioambiental del Parlamento costaría 2.600 millones

La iniciativa fue considerada en su día por el Ejecutivo, aunque aparcada ante la inversión que supondría (hasta 2.600 millones de euros, y otro tanto en su implementación anual) y la complejidad de su aplicación, que debería tener en cuenta, entre otros, la edad de los afectados, su estado de salud y localización geográfica.

Los 16 diputados que integran el comité apelan a la "valentía" del Gobierno para poner en práctica la medida, a buen seguro impopular entre el público como revelan los sondeos, pero que provocaría, creen, un cambio de mentalidad y de "comportamiento" entre los ciudadanos, al exigirles pensárselo dos veces antes de subir la temperatura de la calefacción o de conectar el aire acondicionado.

Y contribuiría, alegan, a cumplir el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 60% para el año 2050. El ministro británico de Medio Ambiente, Hilary Benn, se ha limitado a tildar el proyecto de "interesante", frente al proclamado entusiasmo de los militantes verdes, que promueven la transición hacia una economía baja en carbono.