El Gobierno congela el pacto social

El pacto social que el año pasado suscribió el Gobierno con el PSE y que, entre otras cosas, garantiza un complemento de las pensiones más bajas hasta equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lleva camino de convertirse en papel mojado. Al menos, eso temen los socialistas, que ven cómo pasa el tiempo y nada de lo acordado se mueve, que todo sigue en limbo.

El objetivo era que este acuerdo, rubricado en marzo de 2007, diera sus primeros frutos en enero de este año, pero no ha sido así y ya han transcurrido casi cinco meses. La última previsión del Gobierno es que se ponga en marcha en enero de 2009, un retraso que los socialistas no están dispuestos a tolerar. Para ello, ya están sopesando tramitar ese pacto como una proposición de ley, tal y como hicieron con el proyecto de ley de Servicios Sociales ante la lentitud del Ejecutivo en remitirlo a la Cámara. Precisamente, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy dicho proyecto de ley, dos semanas más tarde de que el PSE presentara su iniciativa en la Cámara.

La partida para complementar las ayudas asciende a 32 millones

Aquel gran pacto social iba a suponer un cambio del modelo asistencial, ya que parte de las ayudas que ahora se conceden iban a tener el carácter de un derecho subjetivo; es decir, quedarán garantizadas por ley y no sujetas a la disposición presupuestaria. Es el caso del punto principal del acuerdo: el pago de complementos para equiparar todas las pensiones más bajas, contributivas y no contributivas, al salario mínimo, que en la actualidad se eleva a 600 euros mensuales. Más de 468.000 personas cobran actualmente pensiones contributivas en Euskadi y otras casi 10.000 las no contributivas. Se trata de un avance sin precedentes en España, donde ninguna comunidad ha aprobado un complemento de este nivel. En total, supondrá un gasto anual de 32 millones de euros. Uno de los colectivos más beneficiados serán las viudas, ya que son las que cuentan con la pensión más baja. Pero todo eso ocurrirá cuando de una manera efectiva se aplique el pacto. Y para ello, lo primero es incluir esta y otras medidas en el anteproyecto de ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que debe refundir la actual Ley contra la Exclusión Social.

La parlamentaria socialista Gemma Zabaleta, una de las artífices del pacto social con el tripartito, se muestra indignada con el retraso, que atribuye a "desacuerdos internos entre los socios del Gobierno: entre el que firma, EA, y el que tiene la caja con el dinero, el PNV". "Estamos ya en el tiempo de descuento. O traen el proyecto de ley con carácter inmediato o que se atengan a las consecuencias", ha declarado a este periódico. "Puede que un año de retraso no tenga mucha importancia en la vida de una Administración, pero sí en la vida de las personas que tienen pocos recursos y para los que cualquier ayuda resulta muy importante", agrega. Otra de las medidas previstas en esa futura ley es la del complemento específico para el alquiler de vivienda, al que se otorga el mismo carácter de derecho subjetivo que actualmente tiene la renta básica. Hasta ahora, ese dinero para el alquiler procedía de la bolsa común de las Ayudas de Emergencia Social (AES), cuya finalidad no era pagar los alojamientos, sino socorrer necesidades puntuales. Para evitar esta disfunción se ha creado el complemento de vivienda, al que se destinarán unos 47 millones de euros al año. De los 22.000 perceptores de las AES que existen en la actualidad, cerca de un 80% se beneficia de la subvención para pagar el alquiler de la vivienda donde reside.

Zabaleta teme que el pacto no se pueda aplicar en lo que queda de año. "Los socialistas hemos cumplido con nuestra palabra y hemos ido apoyando puntualmente las políticas sociales del Gobierno, pero este retraso colma nuestra paciencia. Parece que esta Administración sólo pone trabas". En su defensa, el Gobierno argumenta que la tramitación de la ley se ha retrasado porque las diputaciones y ayuntamientos deben dar su visto bueno y la comisión de estudios de la Asociación de Municipios Vascos no se constituyó hasta septiembre, tras las elecciones de mayo de 2007. Entonces, se encontró sobre la mesa con varios proyectos de ley con el mismo nivel de urgencia y hasta enero no le dio salida.