El PP abre nuevas vías contra la ley

El Partido Popular de Mariano Rajoy se colocó ayer en la posición más extrema en contra de Educación para la Ciudadanía y a favor de la objeción a esta materia. Alfonso Alonso, portavoz adjunto del Congreso, y Juan Antonio Gómez Trinidad, portavoz de Educación, comparecieron expresamente para apoyar y "mostrar el cariño" de este partido hacia las asociaciones que promueven la objeción de conciencia a pocos meses de que la materia se empiece a impartir en las comunidades gobernadas por el PP (este año ha empezado en siete autonomías y el resto lo harán el próximo septiembre). Hasta que el Supremo se pronuncie sobre las sentencias que existen a favor y en contra, el PP defenderá "siempre" la objeción de conciencia.

Los populares siempre han estado en contra de la asignatura -Rajoy prometió que la eliminaría si llegaba a gobernar- pero el líder había matizado su posición. Cuando Esperanza Aguirre comenzó a alentar la objeción, Rajoy dijo "la ley hay que cumplirla" para desautorizarla. Después, cuando el movimiento empezó a crecer, comparó el derecho a objetar a Ciudadanía con la objeción al servicio militar.

Sin embargo, nunca hasta ayer el PP se había colocado tan cerca de las posiciones del ala más extrema de la Conferencia Episcopal. "Pedimos que se retire esta asignatura que divide a la sociedad. El PP defiende la objeción como derecho", sentenció Gómez Trinidad, ex director general de Educación en el Gobierno de La Rioja.

Nada en el expediente

El PP también defendió que no haya consecuencias negativas en el expediente académico de los objetores (el Gobierno asegura que tendrán muy difícil conseguir el título de secundaria) y apoyó a la Comunidad Valenciana, presidida por Francisco Camps, que junto a la Comunidad de Madrid ha desarrollado las políticas más duras y beligerantes contra la materia.

Este apoyo cerrado a la objeción, que el PP considera totalmente legal y amparado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (ha admitido la objeción de varios alumnos, pero cuenta con resoluciones en contra en Asturias, Cataluña y Aragón), llega después de que, en las últimas semanas, distintas asociaciones que promueven el boicoteo, como la Confederación Católica de Padres (Concapa), hayan pedido públicamente a Rajoy que se pronuncie. Le han reclamado que unifique las diferentes posturas de las comunidades del PP, incluida Navarra que, gobernada por UPN, ya imparte Ciudadanía y no está permitiendo la objeción. También la de los gobiernos populares de Castilla León y La Rioja, que se han estado desentendiendo de las objeciones porque no es su competencia.

Así, los que sin duda salen reforzados de las declaraciones de ayer son los que han estado apoyando abiertamente el boicoteo: Murcia, Madrid, que ofrecerá a los objetores unos contenidos alternativos, y Valencia. Precisamente esta comunidad presentó ayer el diseño que va a ofrecer de esta materia obligatoria que, si bien no deja rastro de un amparo directo al boicoteo -podría interpretarse como una marcha atrás de Camps-, ofrece de hecho una alternativa a los objetores. Éstos pueden sustituir la asignatura (que se cursará en inglés) por un trabajo trimestral sobre el tema de Ciudadanía que elijan sus padres. Estos alumnos estarán en otra aula, con un profesor distinto, y el trabajo lo escribirán en inglés. A pesar de esa alternativa pensada para objetores, el consejero valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, introdujo aún más confusión: "Espero que, una vez informados del contenido de esta orden, los objetores sean una minoría".

Aparte de las duras críticas y las amenazas judiciales por parte de los sindicatos valencianos (al inglés y a la opción alternativa del trabajo), la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, anunció que el ministerio recurrirá la orden valenciana: "Basta ya de ocurrencias", dijo. Además, pidió a Rajoy que "ponga orden entre sus líderes autonómicos" para que cumplan "una ley aprobada en el Parlamento". Almunia recordó que Ciudadanía ya se imparte en siete comunidades y que es obligatoria. No puede tener alternativa porque sería ilegal.

Almunia también se quejó de que la polémica sobre Ciudadanía se trata de "una confrontación política, y no educativa", y se mostró dispuesta a hablar sobre los contenidos de la materia con el PP. Algo que también pidieron ayer los populares: buscar un acuerdo sobre los contenidos, pero cuando el Gobierno retire la materia. También Almunia puso condiciones: "Que se pongan de acuerdo entre ellos [dentro del PP] y que digan cuáles son los contenidos que no les gustan, porque nunca lo han hecho".