Prisionero del plan

El presidente del Gobierno tenía que recibir al lehendakari por razones institucionales, aun sabiendo que la reunión no serviría para desactivar las pretensiones de Ibarretxe y que éste trataría de convertirla en alimento para el victimismo.

Atrapado en un discurso circular desde el pasado mes de septiembre, cuando se cerró cualquier salida política al poner fecha a la consulta, Ibarretxe no había tenido que enfrentarse hasta ahora a las consecuencias de sus decisiones fuera del ámbito del PNV, al que ha terminado por arrastrar a su proyecto para evitar que se agudicen las tensiones internas. A la salida del encuentro, Ibarretxe acusó a Zapatero de estar enrocado y a la defensiva. Pero lo que no pudo ocultar es que es él quien había llegado a la reunión atado al mástil de su plan, tanto frente a los ciudadanos como frente a su partido.

Esta condición de prisionero de su propio calendario -por el que en junio debe reunirse el pleno del Parlamento de Vitoria para autorizar la convocatoria de la consulta para el 25 de octubre- ha dejado al descubierto la inconsistencia del artefacto ideado por el lehendakari, cuyo objetivo parece siempre envuelto en la ambigüedad de si es para terminar con ETA o para lograr avances soberanistas con el pretexto de ETA.

Ibarretxe dijo llevar a La Moncloa una propuesta de negociación abierta, pero lo que presentó en público y por adelantado fue una propuesta de adhesión a un proyecto nacionalista de corte soberanista que en manera alguna refleja la pluralidad vasca. Una propuesta suya personal que ha sido formulada sin contar con las instituciones vascas y para cuya eventual aceptación, además, el presidente del Gobierno carece de competencias.

Lamentó el lehendakari que Zapatero estuviera dispuesto a asumir en Loyola lo que se niega a discutir con él. Es cierto que, al hacerlo, identifica uno de los flancos que se le abrió al Gobierno con aquellas conversaciones; pero revela una mala fe extraordinaria pretender que lo que fue considerado como parte de una negociación destinada a facilitar la retirada de ETA pueda convertirse en concesiones al nacionalismo soberanista con el argumento pueril de que una vez conseguido la banda no tendrá más remedio que abandonar la violencia. Mala fe, además, porque no fueron sólo los socialistas vascos, sino también el PNV, quienes se negaron a continuar bajo la amenaza de ETA. Si los terroristas amenazan ahora más que entonces, e incluso hacen efectivas sus amenazas, resulta incongruente que el lehendakari quiera proseguir como si no estuviera pasando nada.

Las alternativas que se abren ahora ante Ibarretxe son limitadas. O bien disuelve la consulta en una convocatoria anticipada de elecciones, una decisión para la que sí tiene competencias, o bien se lanza por el camino de desbordar la legalidad. Aparte de las incertidumbres de la confrontación a la que podría dar lugar una iniciativa de esta naturaleza, el coste electoral para el PNV sería muy elevado. Y el PNV lo sabe.