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El PNV propone al Congreso "acelerar" el blindaje fiscal vasco

El País

El PNV ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para su debate hoy con la que quiere "acelerar" el blindaje del Concierto Económico vasco y que está basada en la proposición de ley aprobada por el Parlamento vasco en junio de 2007, que "recabó el apoyo de todas las formaciones políticas". Así lo anunció ayer el diputado del PNV y portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Josu Erkoreka, que se ha mostrado esperanzado en que esta iniciativa salga adelante, ya que el "consenso está ya trabajado" entre todas las formaciones vascas y por "coherencia" debería contar también en Madrid con el respaldo de los partidos con representación en Vitoria.

Los Gobiernos de Castilla y León y La Rioja se oponen ya a esta iniciativa

Erkoreka ha explicado que el objetivo es que se pueda anticipar el debate de este blindaje a través de un proyecto que busca instar al Gobierno a que antes de que termine este periodo de sesiones en Euskadi, para finales de junio, remita a la Cámara Baja un proyecto de ley que recoja las reformas planteadas en la citada proposición de ley del Parlamento vasco. Así, y si existe "voluntad política", la reforma podría estar lista al finalizar este año, dijo el diputado vasco.

En junio de 2007 todos los grupos parlamentarios -salvo EHAK, que no votó, y Aralar, que no estaba presente- mostraron su unidad en la Cámara vasca en defensa de las normas fiscales vascas y del Concierto al aprobar por unanimidad una citada proposición de ley de modificación de las leyes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.

Los primeros rechazos a esta iniciativa del PNV corresponden a los gobiernos de Castilla y León y La Rioja, ambos del PP. El presidente riojano Pedro Sanz, expresó ayer su "rotunda oposición" al blindaje del Concierto Económico vasco y ha solicitado al Congreso de los Diputados, y a su partido (PP) que rechace la proposición no de ley presentada por el PNV. Según ha informado el Gobierno de La Rioja, en una nota, Sanz considera que esta proposición "va contra la igualdad entre los territorios españoles y contra el principio de igualdad que ampara la Constitución".

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