"Se van los testigos de la 'parapolítica"

"Se fueron los testigos de la parapolítica, con quienes los políticos han hecho los acuerdos", dijo sin vueltas el ex ministro de Defensa colombiano Rafael Pardo. Y es cierto: Salvatore Mancuso, el Mono Mancuso como lo llaman en su natal Montería, es una de las personas que más ha hablado de los vínculos de los paramilitares con las altas esferas del poder político. Fue el primero en decir que el 35% del Congreso estaba a sueldo de los paras y, hace poco, en un programa de televisión, aceptó que se había "quedado corto".

Hoy hay más de 60 legisladores salpicados en este escándalo, 33 de ellos en la cárcel, entre ellos Mario Uribe, primo del presidente. Y fue más allá: aseveró que todos los poderes públicos habían sido infiltradas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Mancuso ha confesado a la justicia algunos de sus cientos de crímenes y ha manchado a varias personalidades. Al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo acusó de haberse reunido con ellos varias veces para organizar un compló contra el ex presidente Ernesto Samper. Del vicepresidente Francisco Santos aseguró que les buscó para crear un frente paramilitar para Bogotá. Y fue también quien denunció que las multinacionales bananeras que operan en el país pagaron jugosos sobornos a la organización.

Mancuso entregó a la justicia el documento en el que 27 políticos, en julio de 2001, se comprometieron a "refundar la patria" con la cúpula de las AUC. La existencia del llamado Pacto de Ralito la había revelado en una entrevista uno de los congresistas uribistas hoy en prisión: Miguel de la Espriella. "La opinión pública debe conocer que las Autodefensas tienen contenido social y político", dijo entonces el legislador.

Jorge 40, al contrario, ha hablado poco. Este poderoso jefe para, que llegó a dirigir a su antojo gran parte de la costa del Caribe colombiana, no dudó en utilizar serpientes venenosas para matar a sus víctimas; así evitaba que se contabilizaran como matanzas. En febrero pasado, confesó con total tranquilidad que en una ocasión -por orden de su antiguo jefe Carlos Castaño, fundador de las AUC- había cumplido con cuotas de muertos: mil por quincena.

El ordenador incautado a uno de los lugartenientes de Jorge 40 sirvió de detonante al escándalo de la parapolítica. Bajo diferentes claves escondía información tan valiosa como espeluznante: detalles de 558 homicidios; políticos, jueces, fiscales, miembros de la fuerza pública en la lista de servidores del jefe para; apoyo económico a políticos; extorsiones y cobro de porcentajes en los contratos públicos.

Don Berna -fue guerrillero, narcotraficante y para- implicó de manera directa al Ejército en el crimen de ocho campesinos de la comunidad de paz de San José de Apartado, entre ellos dos niños. El hecho ocurrió en 2005 y el Gobierno había señalado un culpable: las FARC.